La Comisión, integrada por Carlos Baca Mancheno, Diego Guzmán y Óscar Bonilla, brindó una rueda de prensa ayer, donde dio a conocer el informe de tres capítulos y 20 conclusiones

En el documento se señala que los acontecimientos ocurridos en el 30-S fueron un “intento de golpe de Estado blando con estrategia de desestabilización regional “, ya que la insubordinación policial fue planificada y organizada.

Además se detalla que en dicho golpe de estado habrían participado militares en servicio pasivo y activo.

Rechazo. El informe considera también que el rechazo al mandatario Rafael Correa en el Regimiento Quito no se dio sólo por un reclamo salarial, sino por un intento de desestabilización.

El próximo lunes la Comisión entregará el informe a la Fiscalía General para que le sirva de prueba en sus investigaciones.

Baca explicó que la desestabilización buscó sacar del poder al jefe de Estado, agregando que su vida estuvo en riesgo. 

Indicó que hubo planificación para la desestabilización del Gobierno de Correa con reuniones entre policías y militares, las mismas que habrían estado en conocimiento de medios de comunicación, entre ellos nombró a El Comercio, El Universo, las revistas Vanguardia (desaparecida) y Vistazo.

Señaló a los miembros del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) de ser los actores operativos claves en los hechos el día de la revuelta.

La Comisión también involucra a movimientos como la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), organizaciones sindicales y sindicalistas petroleros. Así como a la activista política Mery Zamora, Lourdes Tibán, Cléver Jiménez, Lucio Gutiérrez y los hermanos Pablo y José Luis Guerrero. 

Lucio Gutiérrez dijo en su cuenta Twitter que “la Comisión cobró latisueldos para decir ahora que la Fiscalía debe buscar a los autores intelectuales”.

Mery Zamora indicó que está claro que no fue un golpe de Estado sino una irresposabilidad por parte de Correa, por no dialogar con los policías.