El proyecto ha enfrentado a organizaciones sociales con el oficialismo por el concepto de Autoridad Única del Agua.

La comisión de Soberanía Alimentaria sostiene que el único regulador del agua debe ser el Estado, mientras que las organizaciones sociales señalan que se debe llegar a un consenso plurinacional con voz y voto que participe de la toma de decisiones sobre el líquido vital.