La socióloga Lucía Dammert, especialista en temas de seguridad y delincuencia, sostiene que el aumento en  la demanda de seguridad privada se debe  “al incremento de la sensación de inseguridad, así como la generalizada percepción de ineficacia por parte de las instituciones encargadas del control y la prevención de los delitos”.

Lo señala en un estudio elaborado para el Departamento de Seguridad Pública de la Organización de Estados Americanos OEA.

Con ella coincide Rodrigo Andrade, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Seguridad Integral (ANESI), capítulo Manabí. Para él  “todo surge por los niveles de delincuencia”.

 

LEY. La Constitución ecuatoriana, en su artículo  261, señala que el Estado central tendrá competencias exclusivas sobre la defensa nacional, protección interna y orden público.

Desde ese punto, el abogado Lenin Arroyo  sostiene que este fenómeno es algo incoherente.

“La fuerza pública representa el poder coercitivo del Estado y siendo así los ciudadanos deberíamos sentirnos seguros, pero, por lo contrario, hay una inseguridad total en el país”, dice.

En  vista del panorama, Arroyo cuestiona el hecho de que los guardias de seguridad ya no puedan portar armas de fuego.

Para él la empresa privada sólo está tratando de solucionar un problema que debe enfrentar el Estado.

Juan Pazos, director municipal de Seguridad Ciudadana en Manta, cree que la brecha entre el número de policías y guardias de seguridad pasa por lo complicado y costoso que, dice, resulta formar a los gendarmes.

Sugiere además que las ciudades y países no son necesariamente más seguros cuando más uniformados tienen, sino cuando la ciudadanía se involucra.

“Por ejemplo, los brigadistas de seguridad ciudadana también superan a los policías y no por eso es un problema”, indica.

 

cifras. El Centro de Control de la Seguridad Privada (COSP) registra 52.300 guardias privados.

“Existen muchas empresas informales. En Manabí, por ejemplo, tenemos 18 compañías legales y al menos otras 15 que no están registradas”, indica Andrade, quien estima que el número de celadores en el país bordea actualmente los 70.839.

La cifra casi duplica a los efectivos policiales que bordean los 43 mil.

Del 2005 al 2013 el contingente policial creció apenas en unos mil gendarmes, pasando de 42 mil a aproximadamente 43 mil en los últimos 8 años.

En el mismo período los guardias de seguridad privada legalmente registrados aumentaron en 11.932.

En promedio surgen más de mil nuevos celadores por cada 100 nuevos policías.

“El crecimiento se da por la demanda que existe”, puntualiza el dirigente.

Esto demuestra que los ciudadanos siguen generando parcialmente su propia protección interna con la contratación de guardias privados.