En un comunicado, HRW se refirió a un decreto firmado el pasado 4 de junio por el presidente Rafael Correa, que "establece nuevos procedimientos" para que las ONG ecuatorianas "puedan obtener personalidad jurídica" y exige a las organizaciones internacionales superar un proceso de evaluación para poder operar en el país.

"El Gobierno de Correa ha afectado seriamente la libertad de expresión, dedicándole gran parte de su energía a atacar a los medios de comunicación, y ahora intenta avanzar sobre las organizaciones independientes", indicó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

"Los funcionarios ahora podrán en la práctica decidir qué pueden decir o hacer las organizaciones, y esto debilita significativamente el rol de estos grupos como contralor de los actos del gobierno", agregó Vivanco.

De acuerdo con la organización, el decreto "concede al Gobierno amplia potestad para intervenir en las actividades de las organizaciones", y lo autoriza a disolver ONG ecuatorianas que "afecten la paz pública".

En diciembre de 2010, Correa presentó un anteproyecto de decreto similar, pero éste "finalmente no prosperó debido a las críticas de organizaciones locales e internacionales", recordó HRW.

El decreto "limita la posibilidad de las organizaciones de elegir quiénes pueden ser miembros o participar en ellas, y atenta así contra su derecho a la libertad de asociación", apuntó el organismo.

"El decreto impone a las organizaciones ecuatorianas la obligación de respetar el 'derecho' de quienes 'por residir en una determinada jurisdicción o poseer una determinada calidad laboral, institucional, gremial, ocupacional o profesional (...) tienen el interés legítimo de participar en ella'", indicó HRW.

Además, los funcionarios gubernamentales encargados de conceder la personalidad jurídica a una organización tienen "amplias facultades de supervisión para asegurar que únicamente realice las actividades autorizadas".

Esos funcionarios pueden disolver una organización cuando consideren que se "desv(ía) de los fines y objetivos para los cuales fue constituida" o cuando participe en actividades que "afecten la paz pública" o sean "de injerencia en políticas públicas que atenten contra la seguridad interna o externa del Estado", explicó.

Fundamedios, una ONG centrada en la libertad de prensa que ha mantenido varias audiencias contra el Gobierno de Ecuador en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunció el decreto ante un juzgado de primera instancia, pero dicha acción ha sido rechazada y ahora se encuentra en proceso de apelación.

"Los gobiernos deben asegurar que los defensores de derechos humanos puedan realizar sus actividades sin represalias, amenazas, intimidación, hostigamiento, discriminación u obstáculos legales innecesarios", señaló HRW.

Según la organización, existen restricciones similares en países como Rusia, Baréin, Uganda o Venezuela.