Estas comunidades, que suman 50 millones de personas en América Latina y alrededor de 3,5 millones en EE.UU. y Canadá, protagonizarán diversos actos, en los que primará el tema de la defensa de sus derechos y la preservación de las tierras que ocupan.
"El tema de políticas extractivas tenemos que debatirlo. Nosotros tenemos nuestro punto de vista y el Estado tiene el suyo", dijo Humberto Cholango, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
Situación. En Chile persiste una grave situación en la zona de La Araucanía, donde la etnia mapuche, que suma unas 600.000 personas, mantiene desde los años noventa un conflicto con empresas agrícolas y forestales por la propiedad de tierras que considera ancestrales.
En Brasil también se mantiene un conflicto entre aborígenes y grandes hacendados.
El asunto está latente también en Paraguay, donde Amnistía Internacional aseguró que el Gobierno "ha incumplido de manera íntegra" con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que dictaminaron que tenía que devolver a tres comunidades sus "tierras ancestrales".
Perú promulgó hace casi dos años una ley de consulta previa a los indígenas sobre proyectos que afecten sus territorios, pero no ha sido aplicada.