La Cancillería ecuatoriana, en un comunicado, rechazó "las infundadas preocupaciones del Departamento de Estado estadounidense, las cuales no se ajustan a la realidad que impera en el país en el ámbito de la libertad de expresión".

El pasado martes, Jen Psaki, portavoz del Departamento de Estado, en un despacho del diario El Comercio, expresó la preocupación de su Gobierno porque la ley "podría restringir la libertad de la prensa y limitar la habilidad de los medios independientes de ejercer sus funciones como parte crítica de la democracia ecuatoriana".

Además, sostuvo que la ley no debería tener un efecto "supresor de la libertad de expresión" o conducir a "la autocensura en los medios independientes", aunque recordó que todavía queda por ver cómo la normativa "será aplicada en la práctica".

La Cancillería ecuatoriana invitó a Washington a "estudiar el texto completo de la ley, antes de emitir juicios de valor sobre el mismo".

Asimismo, dijo que ese tipo de declaraciones podrían vulnerar "un principio de derecho internacional que tradicionalmente ha guiado el convivir pacífico de los países, como es el de la no injerencia en los asuntos internos de otros Estados".

La Cancillería también rechazó unas declaraciones del embajador Namm, quien, en una reciente conferencia en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), en Quito, dijo presumir que con la nueva ley la situación de la prensa podría tornarse "delicada".

"Tengo entendido -dijo Namm- que se van a crear cuerpos para monitorear la prensa privada y, con la historia reciente del Ecuador por las demandas del Gobierno contra la prensa y la incautación de medios, hacen que la situación sea delicada".

La Cancillería remarcó que dichas expresiones no se sujetan a la realidad que impera en el país "en el ámbito de la libertad de expresión, que es parte esencial de la democracia, como está reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos".

La Cancillería enfatizó en su escrito que la Ley, para el Gobierno nacional, "representa una contribución para la democracia y para fortalecer el acceso a la información veraz y oportuna".

Además, dijo que la normativa "busca impulsar la producción nacional para generar contenidos propios, evitar la concentración de medios de comunicación en pocas manos y garantiza la diversificación y pluralización de las voces, a través de la redistribución de frecuencias de radio y televisión".