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La Ley de Comunicación despierta voces de protesta y críticas

Asociaciones de periodistas y de medios de comunicación, así como organismos de derechos humanos, coincidieron en indicar que la aprobación de la nueva Ley de Comunicación es un grave retroceso para la región en materia de libertad de expresión. Mientras que el oficialismo celebra.

Viernes 14 Junio 2013 | 21:49

Luego de la aprobación de la ley, los legisladores oficialistas celebraron en los exteriores de la Asamblea Nacional, en compañía de decenas de simpatizantes. 
Ante ello, el presidente Rafael Correa mostró su satisfacción y dijo que nueva ley "empodera al ciudadano para que pueda defenderse de los abusos de cierta prensa".
En un encuentro con periodistas en la ciudad de Guayaquil, Correa dijo que la norma define con claridad el "linchamiento mediático", que se refiere a los intentos reiterados de "destruir a una persona natural o jurídica" y de restarle credibilidad por medio de la información, ante lo que la norma, dijo, da instrumentos a las personas para que se defiendan.
Acerca de ello, el mandatario dijo que "esperar que todo esté en un manual... es absurdo", por lo que debe haber "un margen a la recta evaluación del controlador, en este caso el Consejo Regulador".
Al mismo tiempo, Correa señaló que "todos entendemos claramente lo que es el linchamiento mediático y el verdadero periodismo de investigación no tiene nada que ver con el linchamiento mediático en lo personal. Bienvenido ese verdadero periodismo de investigación" que, en su opinión "brilla por su ausencia en ciertos medios".
Por otra parte, la misma ley ha despertado voces de protesta en la oposición ecuatoriana, la Unión Nacional de Periodistas de Ecuador y la ONG Fundamedios, así como en organizaciones internacionales, tales como el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), con sede en Nueva York.
"La aprobación de la ley de comunicación es el último paso en el deterioro de la libertad de prensa en Ecuador registrado durante la presidencia de Rafael Correa", afirmó en un comunicado el coordinador para las Américas del CPJ, Carlos Lauría.
La nueva normativa establece la regulación de los contenidos editoriales y otorga a las autoridades la capacidad de imponer sanciones arbitrarias y censurar a la prensa, según la organización de defensa de la libertad de prensa.
"Las disposiciones restrictivas y el lenguaje ambiguo contradicen garantías constitucionales y normas internacionales sobre libertad de expresión", añadió Lauría, quien denunció que amenaza el derecho de los ciudadanos a estar informados sobre "temas delicados".
 Aun con más dureza se pronunció, en declaraciones a Efe, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el uruguayo Claudio Paolillo. 
Con la aprobación de esta ley "liberticida" se produce uno de los "retrocesos más graves en materia de libertad de expresión de la historia reciente de América Latina", opinó. 
Paolillo, como la mayoría de los contrarios a la ley, manifestó su preocupación por dos aspectos, la tipificación como delito del "linchamiento mediático" y la creación de un Consejo de Regulación de Medios. 
El "linchamiento mediático" se produce, según la nueva norma, por medio de la publicación reiterada de informaciones con el fin de desprestigiar o reducir la credibilidad pública de personas físicas o jurídicas. 
Esa figura leal no es otra cosa que el "establecimiento de un sistema de censura previa" que convierte al mandatario ecuatoriano en el "Gran Hermano" y "Gran Editor" de la nación, subrayó Paolillo. 
Se refirió también al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, un organismo oficial que "sólo tiene representantes de los poderes públicos", que establece el reglamento que "contienen las sanciones" y "viola todos los instrumentos internacionales de derechos humanos", según el directivo de la SIP. 
En definitiva, la nueva Ley ecuatoriana se trata de un "conjunto de normas todas contrarias a la libertad de prensa y expresión" que determinan un "retroceso histórico no solo para Ecuador sino para toda América Latina, el más grave de la historia reciente" de la región, concluyó Paolillo.
 
Por su parte, el periodista ecuatoriano Emilio Palacio, exiliado en Miami, calificó de mera "formalidad" la aprobación de la ley, ya que, según dijo, su propósito, "acallar las opiniones disidentes", ya se había consumado. 
"La aprobación de esta ley era ya casi innecesaria. El objetivo, acallar a cualquiera que tenga una opinión disidente con el Gobierno ecuatoriano, estaba logrado", dijo a Efe el excolumnista del diario El Universo, quien se exilió tras ser condenado a tres años de cárcel por una demanda del mandatario ecuatoriano Rafael Correa.
 En Colombia, medio centenar de medios publicaron hoy un mismo editorial con el título "¿Estocada a la prensa en Ecuador?".
 La iniciativa partió de la Asociación Colombiana de Editores de Diarios y Medios Informativos (Andiarios).
 A su juicio, esta ley respaldada por el presidente Correa "desconoce los estándares mínimos que, para garantizar el derecho fundamental a la libertad de expresión, información y prensa, se encuentran consagrados en la Constitución de ese país y en tratados internacionales".
La Unión Nacional de Periodistas (UNP) de Ecuador, que considera que esta ley "protege la corrupción", agotará "todos los recursos posibles para proteger el trabajo periodístico en el país", dijo a Efe su presidente, Vicente Ordóñez.
La organización no gubernamental Fundamedios apuntó, por su parte, que la norma consagra varios temas que ponen en situación "de grave riesgo a las libertades de expresión y de prensa".
 
 
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