Una vez que tenga el proyecto en manos, el Ejecutivo tendrá 30 días para que hacer objeciones. Si la aprueba, la ley será promulgada y publicada en el Registro Oficial. 

El proyecto fue aprobado por títulos y no artículo por artículo. La Asamblea lo aprobó en una hora y cinco minutos. Cinco títulos recibieron 108 votos a favor y dos 110 afirmativos. 

Reacciones. "Hoy (ayer) es un día histórico para el país porque hoy (ayer) sí todos vamos a hacer uso de ese legítimo derecho que es la libertad de expresión, de información y no sólo de los empresarios de la comunicación, aquellos que se han creído los dueños del país", dijo Mauro Andino, ponente de la ley.

El presidente Rafael Correa ha defendido esta ley como un instrumento que "busca una prensa libre e independiente, que informe y comunique, no que defienda intereses privados".

El día es también "histórico" para la oposición, pero por motivos negativos, según dijo Mae Montaño, líder del movimiento CREO en la Asamblea, quien señaló que esta ley "servirá para silenciar a los ecuatorianos".

La Unión Nacional de Periodistas (UNP) de Ecuador consideró que esta ley "protege la corrupción" y avanzó que agotará "todos los recursos posibles para proteger el trabajo periodístico en el país", dijo a Efe su presidente, Vicente Ordóñez.

Críticos. Entre las novedades que incluye la nueva ley está la figura del "linchamiento mediático", que se produce por medio de la publicación reiterada de informaciones con el fin de desprestigiar o reducir la credibilidad pública de personas físicas o jurídicas.

Ordóñez teme que esta figura sea usada para "escudar la corrupción", porque puede obstaculizar investigaciones periodísticas, mientras quienes apoyan su instauración lo ven como un mecanismo de defensa de informaciones difundidas con mala intención.

La ley también crea la Superintendencia de Información y Comunicación, órgano que se encargará de la "vigilancia, auditoría, intervención y control" y tendrá "capacidad sancionatoria" sobre la actuación de medios de comunicación.

Para el legislador opositor Andrés Paéz, quien defendió el accionar de la prensa para hacer públicos hechos de corrupción, tanto la figura del linchamiento como la Superintendencia pueden "neutralizar" la acción de la prensa.

ORGANISMOS. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) tachó de "retroceso histórico" para la región la Ley de Comunicación, porque a su juicio "consagra" la violación de los derechos humanos y la censura previa, y coloca al presidente Correa en la posición de "Gran editor".

Con la aprobación de esta ley "liberticida" se produce uno de los "retrocesos más graves en materia de libertad de expresión de la historia reciente de América Latina", dijo el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) expresó su "consternación" por la nueva ley y dijo que representa un "duro golpe" a la libertad de expresión.

"Es el último paso en el deterioro de la libertad de prensa en Ecuador registrado durante la presidencia de Rafael Correa", afirmó en un comunicado el coordinador para las Américas del CPJ, Carlos Lauría.