A finales de marzo varios miembros del pueblo Taromenane murieron tras un ataque del pueblo indígena Waorani, los cuales también raptaron a dos niñas Taromenane.

Dicho asalto se produjo tras las muerte de dos ancianos Waorani el 5 de marzo de 2013, que fueron atribuidas a los indígenas de Taromenane.

A este respecto el experto subrayó que "ningún crimen cometido puede quedar impune.

"Exhorto a las autoridades a que procedan con la urgencia del caso y lleven a cabo una investigación a fondo", solicitó.

Asimismo, Anaya recomendó que el juicio de los hechos se realice conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, así como que se considere la vulnerabilidad del pueblo Waorani y su propia forma de justicia.

Para ello, el relator informó de que "primero se debe explorar la existencia de normas y procedimientos del sistema de justicia indígena aplicables y, en todo caso, se debe establecer un dialogo intercultural entre autoridades de la justicia indígena y operadores de la justicia ordinaria".

"Este proceso debe ayudar a prevenir nuevos conflictos y garantizar una paz verdadera en el territorio Waorani y en la entera Reserva de la Biósfera Yasuní", indicó.

Anaya instó al gobierno de Ecuador a que adopte las medidas necesarias para prevenir nuevos actos de violencia entre ambos pueblos indígenas, así como medidas de protección de menores.

Al mismo tiempo propuso la realización de un estudio de las causas del conflicto y las presiones que históricamente han afectado a los pueblos indígenas de estas zonas y han provocado su desestabilización social y cultural.

"Esta investigación participativa permitiría identificar las medidas preventivas y de protección más efectivas a favor de los Tagaeri-Taromenane y Waorani, como parte de una política pública que establezca las condiciones de paz y armonía en sus territorios", concluyó.