El propio mandatario palpo que la suspensión de la audiencia a la que el tenia un marcado interés como accionante,  se debía a una argucia legal constante en la normativa aplicable al procedimiento de la causa, que realmente exaspera, pero sin embargo, es una norma vigente, que los sabios de la Grecia involucrados en las tan comentadas reformas, las mantienen  y son las que originan estos incidentes procesales. 

Buscaron los escogidos para la implementación de una nueva justicia en el país, que hasta la fecha no funciona, el mal, sancionando a los profesionales patrocinadores de estas causas, sin eliminar la normativa, o por lo menos regularla, para dar paso a una verdadera  economía procesal que es realmente lo que angustia y aplican algunos mercaderes de la justicia que todavía quedan como operativos y hasta administradores, en beneficio de sus interesados fines. 

Si con el Presidente Correa, en una causa que interviene a título personal, se dan estos intencionados retardos, con la disciplina que ha impuesto el mandatario a justos y pecadores en este país,  imagínese usted lector,  el calvario que a diario vive el profesional verdaderamente litigante y no vinculado a la camarilla de poder siempre existente, y que tiene que tolerar en casos puntuales, a verdaderos improvisados que de la noche a la mañana se los ve, ya encaramados y administrando justicia. 

Es que resulta inexplicable y aunque en este tema pequemos de repetitivos, que estos reformistas, en su afán de depurar la normativa que obstruye y demora el impulso de los procesos, pero de buena fe,  no se consulte con los profesionales que a diario viven ejerciendo la profesión y palpan la triste realidad de soportar demoras en la tramitación de una causa, en muchos casos, por incidentes que pueden ser previamente advertidos y superados; y en otros, por existir, como a diario se da, una indolencia intolerable de estos operadores de justicia. 

Porque el Consejo de la Judicatura no promueve una verdadera auditoria al trabajo que deben desarrollar los Jueces; donde se determine realmente la eficiencia que debe existir en la tramitación de un proceso, las causas concluidas revisando los términos aplicados.  Ahí se van a encontrar con causas rezagadas no solo por la  inocultable vagancia que muchos exhiben, sino además, en casos puntuales, por marcados intereses de toda índole.