La fuente, que pidió el anonimato, dijo que los ocho senadores demócratas y republicanos aún no han acordado la hora y lugar para la presentación del tan esperado proyecto de ley.

Mientras tanto, fuentes allegadas a las negociaciones han venido filtrando a cuentagotas del plan reformista, que abre una vía para la legalización y eventual ciudadanía de los once millones de inmigrantes indocumentados que hay en Estados Unidos.

Sin embargo, algunos de los detalles del plan, filtrados a los principales medios de comunicación estadounidenses, ya han generado rechazo por parte de algunos líderes conservadores y consternación entre grupos progresistas.

Entre otros elementos, el proyecto de ley impone una fecha límite para ampararse al ajuste migratorio -promovida por los republicanos-, de manera que quedarían fuera del proceso de legalización centenares de miles de indocumentados que entraron al país después del 31 de diciembre de 2011.

Los indocumentados recibirían un permiso temporal y tendrían que esperar diez años para tramitar la residencia permanente y otros tres para solicitar la ciudadanía estadounidense.

En aras de la reunificación familiar, la legislación también prevé eliminar en un plazo de diez años las demoras en los trámites de los 4,7 millones de extranjeros que ya están "en cola" para obtener la residencia permanente a través de vínculos familiares.

Así, por ejemplo, los cónyuges e hijos menores de residentes permanentes que aguardan la aprobación de sus visas tendrían la misma prioridad que los de ciudadanos estadounidenses, según las fuentes legislativas.

Además, exigiría la vigilancia "al 100 por ciento" de la frontera sur de Estados Unidos -por donde se cuela la mayor parte de la inmigración ilegal- y que las autoridades presenten un plan para garantizar una eficacia del "90 %" en la detención de personas que crucen ilegalmente hacia este país.

Según indicaron fuentes a Efe esta semana, el proyecto de ley contempla prohibir que los indocumentados tengan acceso a los beneficios de la reforma de salud de 2010, y tendrá un sistema obligatorio para que las empresas verifiquen el estatus migratorio de los empleados.

Durante una conferencia telefónica con periodistas, activistas pro-reforma indicaron que, si bien el proyecto de ley no es perfecto, al menos los senadores podrán presentar enmiendas antes de su votación definitiva, previsiblemente para junio o julio de este año.

El Comité Judicial del Senado prevé realizar una de dos audiencias sobre el plan reformista el miércoles próximo, que contará con la participación de la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Janet Napolitano.

A lo largo de las negociaciones, varios republicanos siempre han insistido en supeditar la legalización a una fórmula "mensurable" y plazos definitivos para la seguridad fronteriza y, según analistas, esa exigencia seguirá siendo un punto de fricción en el debate de la iniciativa.