Saltillo es la capital de Coahuila, uno de los estados mexicanos fronterizo con Estados Unidos, azotados por el narcotráfico. Javier Garza es director de “El Siglo” de Torreón, otra ciudad de Coahuila. Los narcos han hostigado reiteradamente a su diario con bombas y ráfagas de metralleta. En febrero, cinco empleados de “El Siglo” fueron secuestrados. Y menos de un mes después, el diario sufrió otro ataque sangriento a plena luz del día. Murió una persona y varias resultaron heridas. Todo, lo de “El Guardián” y lo de “El Siglo”, permanece en la más absoluta impunidad.

“Los grupos (de criminales) saben que los ataques previos contra medios de comunicación, no sólo aquí sino en otras partes del país, han quedado impunes. Esa impunidad es el combustible que alimenta los ataques que recibimos”, dice Garza.

En los últimos seis meses, dos periodistas fueron asesinados y uno desapareció.

Desde la creación en octubre del Consejo Consultivo de un Mecanismo para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, una docena de reporteros pidieron ser protegidos por el Estado. El gobierno destinó más de USD 3'000.000 para garantizar la vida de esos periodistas y sus familias.

Según la SIP, el 12 de febrero integrantes del crimen organizado iniciaron el reparto de volantes y colocaron carteles en los que ofrecen “recompensas” de 600 mil pesos para localizar al administrador del sitio de Facebook “Valor por Tamaulipas”.  Las amenazas se extienden a familiares directos, padres, hermanos, hijos o esposa del administrador de ese sitio. La impunidad es tal, que los volantes y las mantas contienen números telefónicos para que quienes quieran aportar información se comuniquen directamente con los mafiosos. Esto es: también la policía, los jueces y los fiscales pueden rastrear fácilmente a los delincuentes. Pero, por una razón u otra, ellos siguen libres.

Todo esto es apenas una muestra de lo último ocurrido en México. Casi nadie investiga nada. Casi nadie es detenido. Casi nadie es juzgado. Y casi nadie va preso. El 95 % de los asesinatos de periodistas ocurridos en la última década permanecen irresueltos. No es posible un estado de impunidad semejante sin la complicidad de funcionarios de los gobiernos locales, grupos políticos o intereses económicos.