Estos podrían cerrar si sus propietarios no llegan a un acuerdo con los dueños del terreno donde funcionan.

 

El espacio de 200 metros cuadrados pertenece a la familia Palacios Pablo, según Walter Barrera, abogado de  los reclamantes, quien dijo que en 1998 el municipio lo declaró espacio público, pero en el 2006 un juez les devolvió el terreno. 

Durante ese tiempo la familia Palacios no reclamó el predio, porque, según su abogado, pensaban que los dueños de los bares no cancelaban ningún impuesto al cabildo. Barrera asegura que pese a la disposición judicial, las administraciones  municipales han seguido  cobrando rubros. "Sabemos que los propietarios de seis locales cancelan aproximadamente 25 dólares mensuales a las arcas municipales por el uso de esos terrenos, que son propiedad privada", señaló.

También dijo que han solicitado   al municipio la entrega del terreno para que los propietarios puedan alquilarlos a los dueños de los bares. "Tenemos documentos que  prueban que los terrenos son de la familia Palacios", mencionó. 

 

TEMOR. Mientras tanto,   quienes trabajan en estos bares se mantienen preocupados por la situación, pues temen quedarse sin empleo. "Hemos empezado a sacar los permisos necesarios para poder trabajar con normalidad", dijo Ginger Zambrano, una de las trabajadoras.