No es bueno para el país que sus gobernantes recurran al insulto y la descalificación para referirse a quienes consideran sus oponentes en el plano político, y mucho menos que se lo haga durante un acto solemne en el que se debe presentar los informes de la gestión oficial. Tampoco está bien que se utilicen las redes sociales para insultar, incluso con términos degradantes, a potenciales opositores en la contienda electoral o a quienes se muestren en desacuerdo con los resultados de la administración pública.

El cruce de acusaciones por la falsificación de firmas también tiene una virulenta carga verbal y, mientras tanto, no se ven los esfuerzos por identificar al origen del problema.

Es de desear que en un año electoral como este, las autoridades, que demandan respeto para ellas mismas, ofrezcan al país un ejemplo de tolerancia y democracia. Que demuestren que son capaces de cumplir lo que exigen. Los ciudadanos, por su parte, lo requieren para analizar las propuestas más allá del discurso y la pelea y como garantía de seguridad pública.