"Nuestra Constitución de 2008 establece que Ecuador es un Estado plurinacional. La tarea es gigantesca y no tiene que ser solo un enunciado", manifestó la ministra Coordinadora de Patrimonio, María Fernanda Espinosa, jefa de la delegación ecuatoriana que durante dos días se somete al examen de la ONU sobre discriminación racial.

Espinosa abrió la reunión del Comité por la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), en el marco de un ejercicio al que se someten los Estados miembros cada dos años, detallando los esfuerzos legales e iniciativas que Quito ha realizado en esta materia.

En la línea de lo expresado en el informe presentado por Ecuador ante el CERD, la exministra de Relaciones Exteriores reconoció que "todavía es necesario afrontar desafíos importantes" y realizar "un esfuerzo conjunto de todos los poderes del Estado", sin olvidar que sobre todo es necesario "el esfuerzo de la sociedad organizada".

"Hemos asumido el compromiso de construir el Estado plurinacional y de combatir todas las formas de racismo y exclusión, no solo por el respeto irrestricto a los instrumentos internacionales suscritos, sino por convicción ética y política", declaró la ministra.

"No habrá libertad verdadera, ni paz verdadera, ni justicia verdadera si no logramos erradicar todas las formas de discriminación racial, y creemos que el Ecuador está en el camino correcto para lograrlo", agregó Espinosa.

Entre los desafíos pendientes, la ministra Coordinadora de Patrimonio destacó "la administración de justicia en casos de racismo, xenofobia y otras formas de discriminación" y señaló que el proceso de reforma de la Justicia ecuatoriana tiene entre sus objetivos evitar que este tipo de delitos queden impunes.

La ministra afirmó que los avances en la lucha contra la discriminación racial tienen que ver con los esfuerzos en el combate contra la pobreza, mediante el impulso del crecimiento económico y de la inversión pública, que pasó del 5,3 % del Producto Interior Bruto (PIB) en 2006 al 13,8 % del PIB en 2011.

A eso se suman "políticas redistributivas", la recuperación de la explotación estatal del petróleo, la creación de un sistema impositivo "más justo", gravando a los más ricos, y un incremento de la inversión social: de 1.980 millones de dólares en 2006 a 5.197 millones de dólares en 2011, según los datos oficiales.

El resultado es que en el plazo de cinco años el índice de pobreza ha caído del 37,6 % al 28,6 %, según la ministra, quien aseguró: "estas políticas positivas en favor de los pobres nos han permitido sacar de la pobreza a un millón de ecuatorianos".

Ecuador es uno de los países latinoamericanos con mayor número de minorías, con un total de 18 pueblos indígenas, que representan un 7 % de la población nacional (14,5 millones de habitantes), mientras que los afroecuatorianos son el 7,2 % y los montubios son el 7,4 %.

Representantes de estos pueblos acudieron a la reunión del CERD y cuestionaron los avances reivindicados por el Gobierno.

La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) reconoció la creación de instituciones estatales vinculadas a temas indígenas, como el CODENPE, el FODEPI, la DINEIB o la Dirección de Salud Intercultural, pero aseguró que se trata de "entidades que carecen de fondos públicos y adecuado equipamiento".

La CAOI denunció que los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador "están siendo víctimas de un proceso de regresión en algunos casos y vaciamiento de contenido de derechos en el disfrute de sus derechos individuales y colectivos" consagrados legalmente.

Esta organización indicó que, aunque la Constitución de 2008 reconoce 21 derechos colectivos y otras disposiciones como el reconocimiento de la autoridad indígena, la facultad jurisdiccional de resolver los conflictos internos o la participación de la mujer, estos derechos "no se implementan en la práctica".

Esto "ha generado protestas en defensa de los derechos a la tierra, territorio, derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, entre otros, provocando persecución y en algunos casos la criminalización de las justas reivindicaciones", explicó la CAOI en su informe presentado ante el CERD.

"Como consecuencia de ese proceso de regresión y vaciamiento de contenido de derechos, los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador vivimos actualmente un clima de persecución política y judicial por intermedio de sus principales dirigentes acusados de sabotaje y terrorismo, fenómeno que se ha dado en llamar la criminalización de la protesta social", agregó la CAOI.