En el informe que presentó por anticipado a los miembros del Comité de la ONU que supervisa el cumplimiento de la Convención Internacional para la Eliminación de Discriminación Racial en todas sus formas, el Estado ecuatoriano detalla los esfuerzos legales y prácticos realizados en la última década en esta materia, pero reconoce que "todavía es necesario afrontar desafíos importantes".

Entre ellos menciona la necesidad de obtener "mayores logros" en la administración de Justicia para casos vinculados con el racismo o la xenofobia, y de fomentar más "una cultura de respeto hacia la diversidad".

Reconoce, en ese sentido, que hay patrones de discriminación históricamente arraigados.

Como avances concretos, el Gobierno ecuatoriano cita la formalización de la posesión de tierras de grupos ancestrales y precisa que entre 2010 y 2011 se adjudicaron casi 400.000 hectáreas a los grupos indígenas de las comunidades shuar, achuar, kichwa y al pueblo afroecuatoriano.

También se entregaron títulos correspondientes a los territorios de las nacionalidades amazónicas Kichwas, Shuar y Zapara, por unas 300.000 hectáreas.

Otras informaciones contenidas en el informe de Ecuador para el Comité indican que el 92 % de indígenas y 91 % de afroecuatorianos tienen acceso a la educación primaria, aunque esos porcentajes caen al 67 % y el 66 %, respectivamente, cuando se trata de enseñanza secundaria.

El analfabetismo bajó al 20 % en 2010, frente al 27 % de 2001, entre los indígenas, según detallan las autoridades del país sudamericano.

Ecuador es uno de los países latinoamericanos con mayor número de minorías y cuenta con un total de 18 pueblos indígenas, que representan un 7 % de la población nacional (14,5 millones de habitantes), mientras que los afroecuatorianos son el 7,2 % y los montubios son el 7,4 %.

Por otra parte, entre los aspectos que el Comité considera más importante abordar en la presentación de la delegación ecuatoriana, que estará encabezada por la ministra de Patrimonio, María Fernanda Espinosa, figuran la aplicación de sanciones en caso de difusión de contenidos discriminatorios y la participación de los pueblos indígenas en la administración pública.

Asimismo es del interés de los miembros del órgano de la ONU hablar sobre las garantías de los pueblos indígenas frente a la explotación y comercialización de recursos naturales en sus territorios.