Así lo señaló a Efe el abogado Pablo Fajardo, defensor de la Asamblea de Afectados que demanda a la petrolera, condenada por una corte ecuatoriana a pagar más de 19.000 millones de dólares por los delitos ambientales que se le acusan.

Chevron, que niega las acusaciones, se ha resistido a aceptar la condena y aduce que la sentencia del juicio ambiental en su contra en Ecuador es producto de un "fraude" perpetrado por los abogados que patrocinan a los demandantes.

La ley ecuatoriana establece que cuando una sentencia es ejecutable el juez de la causa debe seguir varios pasos, entre ellos establecer el "mandamiento de ejecución" u "orden de pago", que dispone que la cuantía establecida en la condena se pague en un plazo máximo de 24 horas laborables, señaló Fajardo.

En este caso, el plazo se cumplirá el próximo lunes, tras pasar el fin de semana, precisó Fajardo y señaló que si Chevron no cancela la deuda, "el juez está facultado para determinar que se embarguen" los bienes de la compañía.

La decisión judicial, dijo el letrado, también abona a las acciones que los abogados de los demandantes han emprendido para embargar bienes de la petrolera en Canadá y Brasil, donde Chevron tiene activos, pues en Ecuador no los posee.

Fajardo incluso dijo que podrían embargarse "las marcas" de los carburantes con los que aparece la petrolera estadounidense en Ecuador, como "Havoline" u otras, que se rematarían.

El anuncio de la "orden de cobro" de la condena a Chevron se dio poco después de que dicha compañía informara de que la corte federal del Distrito de Columbia (EEUU) tramita una demanda para el cobro de 96 millones de dólares a Ecuador, ordenado en un laudo de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya.

De ese modo, la corte estadounidense insta a iniciar el proceso de comisión rogatoria bajo la Convención Interamericana por el que la solicitud debe ser enviada al Departamento de Justicia de EEUU para que, posteriormente, sea presentada ante Ecuador.

El tramite es un paso más en el prolongado litigio entre Chevron y el Estado ecuatoriano, quienes se acusan mutuamente de haber violado las condiciones del contrato por el que la petrolera realizaba actividades petrolíferas en el país andino entre 1964 y 1990.

Aunque el caso no tiene relación directa con el juicio ambiental, Fajardo dijo que esas son acciones que la petrolera suele activar para intentar desviar la atención.

No obstante, el letrado señaló que si Ecuador eventualmente es condenado a pagar, ese dinero también puede ser considerado "embargable" por parte de los demandantes en el juicio ambiental.

"Ese es un activo" y podría ser que "se lo embargue también", reiteró Fajardo.