La primera audiencia del caso, que se refiere a una supuesta red de sobornos en el Parlamento y de financiación ilegal de campañas políticas, estuvo marcada por la primera derrota de la defensa, que fracasó en un intento de separar el proceso en 38 juicios distintos.
Apenas iniciada la sesión, el abogado Marcio Thomaz Bastos, quien fue ministro de Justicia en el Gobierno de Lula y defiende a algunos de los acusados, solicitó que cada uno de los reos fuera juzgado en forma individual y no en grupo, como propone el Tribunal Supremo.
Bastos argumentó que el Supremo es un foro privilegiado ante el que deberían responder solamente aquellos acusados que actualmente ostentan cargos públicos y que el resto tendría que ser juzgado por tribunales inferiores.
Esa petición, que podría haber desmembrado todo el proceso, dio origen a un fuerte debate entre los once magistrados del Supremo, que durante casi cuatro horas deliberaron sobre su procedencia.
El juez instructor, Joaquim Barbosa, desestimó de plano la tesis de la defensa y afirmó que el asunto ya había sido "discutido y decidido cuatro veces" en los últimos seis años.
Sin embargo, el magistrado Ricardo Lewandowski, quien actúa como revisor del caso, se pronunció en favor de Bastos, lo cual irritó a Barbosa, quien consideró una "deslealtad" la posición de su colega.
Finalmente, por 9 votos contra 2, los magistrados ratificaron el criterio mantenido hasta ahora y rechazaron el pedido de Bastos, que solamente habría dejado bajo la órbita del Supremo a los actuales diputados Joao Paulo Cunha, Pedro Henry y Valdemar Costa Neto y remitido a los 35 procesados restantes a otros tribunales.