Los restos corresponden a Oscar Hernández Flores, información que fue proporcionada a sus familiares por la ministra instructora del caso (jueza especial), Adriana Sottovia, y el director nacional del SML, Patricio Bustos.
Según explicó Bustos, el resultado fue producto del trabajo multidisciplinario del SML y de los análisis genéticos practicados por un laboratorio en Bosnia.
Indicó que hasta ahora se han identificado catorce personas "y el servicio continúa trabajando en la identificación de la última víctima junto al laboratorio Gregor Mendel Institute of Molecular Plant Biology (GMI), de Austria".
La confirmación de las identidades viene a corroborar los antecedentes de la investigación judicial, respecto a que estas personas eran los 15 lugareños detenidos en Isla de Maipo, el 7 de octubre de 1973, ejecutados por agentes del Estado y enterrados ilegalmente en los hornos de Lonquén, donde se fabricaban ladrillos.
Entre las víctimas estaba un campesino y sus cuatro hijos, trabajadores agrícolas y hasta un adolescente detenido por fumar marihuana en una plaza.
En 1978, los cadáveres fueron descubiertos, con lo que se hizo pública una verdad que muchos intuían, la existencia de detenidos desaparecidos.
Tras un largo juicio, los autores del crimen fueron identificados y su culpabilidad demostrada, pero la Justicia militar los sobreseyó en 1979, aplicando la ley de amnistía dictada por Augusto Pinochet el año anterior.
Los familiares de las víctimas no tuvieron ni siquiera el consuelo de enterrarlas, pues desacatando incluso un dictamen judicial que ordenaba devolver los restos, agentes de la dictadura sacaron los cuerpos del Servicio Médico Legal y los arrojaron a la fosa común del cementerio de la localidad de Calera de Tango, cerca de Santiago.