Paredes indicó que el delito incorpora a 63 funcionarios del organismo que estarían inscritos o afiliados a diversas organizaciones políticas, tras señalar que se realizará una auditoría del proceso.
El 15 de junio se conocieron las primeras denuncias de personas que aseguraban que “jamás han dado su consentimiento o han firmado ningún documento afiliándose o adhiriéndose a un partido o movimiento político”, por lo que pedían que sus supuestas rúbricas sean anuladas, explicó.
Las acusaciones de Paredes se suman a las presentadas el sábado, en Cayambe, por Luis Alberto Cabezas, Patricia y Fernando Cevallos, quienes denunciaron que sus firmas fueron adulteradas para la inscripción de los partidos.
El fiscal General, Galo Chiriboga, aseguró que se profundizará en la indagación y que “se investigará con profesionalismo e independencia”, y afirmó que si los hechos denunciados son corroborados por la Fiscalía serán llevados a las cortes. <