Las reformas buscan regular las diversas actividades que se dan en las islas, para de esta manera lograr su conservación, a través de nuevas reglas para los moradores, turistas, pesqueros, empresas de turismo y organismos gubernamentales y de control.
En el articulado se establece la calidad migratoria de las personas, incluyendo sanciones para quienes no cumplen, límite de tiempo para operaciones turísticas y crea un nuevo impuesto para turistas, informó diario La Hora.
Además, las reformas plantean imponer multas para quienes provoquen daños a la fauna y a la flora de las Islas.
Entre lo más polémico, estuvo la conformación y competencias del Consejo de Gobierno. Francisco Ulloa (MPD) señaló que es necesario incluir un miembro más de la ciudadanía elegido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Por su parte, Alfredo Ortiz (Mun.) criticó que el Parque Nacional Galápagos no esté bajo control de ese organismo.