Ese tribunal, con sede en la capital costarricense, condenó a Ecuador por otorgar a inicios de los años 90 una concesión petrolera en territorios de los sarayaku sin consultar con las comunidades nativas que estaban opuestas al proyecto.
José Gualinga, presidente de la comunidad sarayaku, indicó en un comunicado que su pueblo se mantendrá atento para que la sentencia de la CorteIDH "sea cumplida y que los territorios de los pueblos indígenas sean respetados frente a actividades extractivistas dañinas, como la explotación petrolera".
"Sarayaku manifiesta su satisfacción por esta victoria", añadió Gualinga y recordó que el proceso empezó en 2003, cuando su comunidad presentó la demanda contra el Estado ecuatoriano ante el sistema interamericano de derechos humanos.
El tribunal, en su fallo, señaló que la concesión facilitada en 1996 por Ecuador a la petrolera argentina Compañía General de Combustibles (CGC) violó la propiedad comunal indígena y su identidad cultural.
A finales de 2002 e inicios de 2003, la petrolera, apoyada por agentes de las Fuerzas Armadas, ingresó sin consentimiento de los indígenas a su territorio para abrir trochas y llevar adelante acciones de exploración de yacimientos.