Dos peruanos, una estadounidense, un guatemalteco y un mexicano son los finalistas a ocupar el cargo, que serán entrevistados hoy por los siete integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dentro de su 145 periodo de sesiones, que se celebra del 16 al 20 de julio en Washington.

El elegido reemplazará en el cargo a Santiago Canton, que lo ocupó durante once años y lo abandonó el pasado 30 de junio para trabajar en el Centro Robert F. Kennedy (RFK) para la Justicia y los Derechos Humanos de Washington.

Los aspirantes a sustituirle, tres hombres y dos mujeres, pasaron por un proceso de selección abierto hasta el pasado 1 de mayo y fueron anunciados el 1 de julio, cuando se abrió un plazo de un mes para recibir observaciones y comentarios sobre ellos.

Las entrevistas de los finalistas serán este jueves y aunque la CIDH no ha confirmado cuándo realizará el anuncio sobre su decisión, fuentes de la Comisión indicaron a Efe que esperan que sea esta misma semana.

Entre ellos se encuentra la que ya es secretaria ejecutiva de la CIDH en funciones, y que ha trabajado como adjunta de Canton desde 2007, la estadounidense Elizabeth Abi-Mershed, profesora en el Washington College of Law de la American University y especializada en los derechos de la mujer en el sistema interamericano.

Compite con ella el mexicano Emilio Álvarez-Icaza, expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal mexicano (CDHDF), profesor en la Universidad Autónoma de México (UNAM) y miembro del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD).

El tercer candidato es el guatemalteco Frank La Rue, que es relator especial de la ONU para la promoción y protección de los derechos de libertad de opinión y expresión desde 2008 y ha sido comisionado presidencial de los derechos humanos en su país.

Se suma a ellos la peruana Sofía Macher Batanero, que ha trabajado para la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, integró la Comisión para la Verdad y Reconciliación de su país y actualmente es la presidenta del Consejo de Reparaciones de Perú, que lleva el registro de las víctimas del conflicto armado interno.

Finalmente, el también peruano Javier Hernández Valencia es el actual representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y tiene 20 años de trayectoria en la ONU vinculado a temas de derechos humanos.

Quien ocupe el cargo deberá enfrentar un proceso que empezó el pasado enero, cuando los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobaron una serie de recomendaciones no vinculantes para reformar la CIDH, que depende de forma autónoma del organismo hemisférico.

Algunas organizaciones civiles, y el propio Santiago Canton, han denunciado que las recomendaciones son un intento de limitar la autonomía del organismo por parte de Gobiernos como los de Ecuador o Venezuela, sobre los que la Comisión ha emitido informes polémicos.

Durante la 42 Asamblea General de la OEA, celebrada en junio en Cochabamba (Bolivia), los cancilleres del continente aprobaron el informe sobre esas recomendaciones elaborado por el secretario general del organismo, José Miguel Insulza, aunque dieron a los Estados seis meses para decidir si las convierten en obligatorias.

Insulza respalda al menos dos de las recomendaciones más cuestionadas: La que pide modificar el estatuto de la CIDH para que deba consultar a los Estados antes de emitir medidas cautelares y la relativa al Capítulo IV del informe anual, una "lista negra" de países que necesitan mejorar en su respeto a los derechos humanos, que considera debe revisar sus criterios.

En un encuentro con periodistas tres días después de abandonar su cargo, Canton aseguró que quien le sustituya deberá enfrentar presiones "constantemente, de manera diaria, de los Estados miembros y de la secretaría general" de la OEA, y tendrá un reto difícil con el proceso de reforma.

Canton denunció la presión de Insulza para tratar de forzar su salida de la CIDH, que se sumó a sus tensiones con Venezuela, que le acusa de haber reconocido al breve gobierno de facto que encabezó el empresario Pedro Carmona tras el golpe de Estado de 2002.