El resultado de la indagación previa establece que la supuesta vinculación de Pazmiño con el juicio carece de responsabilidad administrativa, civil culposa y penal 

La investigación se originó por una denuncia del asambleísta Galo Lara (SP), quien aseveró que Alfredo Larrea recibió un cheque de $ 550 mil por concepto de honorarios mientras ejerció la defensa de la Cervecería Nacional, en el marco de un litigio laboral, y que esa cantidad fue parte de un supuesto soborno para que la CC emitiera una sentencia a favor de la empresa cervecera. La Corte indicó que las denuncias del asambleísta fueron maliciosas y temerarias, y carecieron de todo fundamento.<