Según los denunciantes, las clínicas funcionan como centros de tratamiento de trastornos mentales y de adicciones al alcohol y las drogas, pero algunas de ellas también aceptan a jóvenes homosexuales para "curarlos", pese a que tal "tratamiento" constituye una actividad ilegal en Ecuador.

 

Artikulación Esporádika, una de las organizaciones denunciantes -defensora de los derechos de los gays, lesbianas y transexuales-, ha contabilizado un promedio de dos denuncias de víctimas a la semana desde junio de 2011, precisó hoy en rueda de prensa Cayetana Salao, una de sus integrantes, quien recalcó que "estos son los (jóvenes) que se atreven a denunciar".

 

La denuncia, presentada en conjunto con la organización feminista Taller Comunicación Mujer, pretende evidenciar presuntas irregularidades en los centros de tratamiento de adicciones y trastornos mentales de Ecuador, con base en datos del Consejo Nacional de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes (Consep) y del Ministerio de Salud Pública.

 

Tatiana Cordero, representante de Taller Comunicación Mujer, explicó que en estas clínicas se "vulneran los derechos humanos", y agregó que en 2010 existían 205 centros de ese tipo en el país, un 70 % de los cuales "tiene información contradictoria, que refleja irregularidades o que carece de datos".

 

La funcionara precisó también que cerca del 61 % de esos establecimientos "no tiene información sobre el permiso de funcionamiento", más del 78 % "no tiene información registrada sobre las condiciones del centro" y el 54 % "no registra información sobre su situación legal".

 

Cordero señaló que en 2011 el número de clínicas de ese tipo aumentó a 226, pero destacó que las asociaciones no cuentan aun con un análisis de su estatus, por lo que se desconoce cuántas de ellas ofrecen tratamientos de "des-homosexualización".

 

La recién designada ministra de Salud en funciones, Carina Vance, quien está vinculada al movimiento de defensa de los derechos de los homosexuales, señaló que cerraría las clínicas ilegales. No obstante, el colectivo gay asegura no tener conocimiento "de que esta voluntad se haya hecho explícita y que la ministra se haya hecho cargo de que se vayan a cerrar" tales centros de atención.

 

El viceministro de Salud, Nicolás Jara, dijo el año pasado a Efe que las clínicas que ofrecen "cura" para la homosexualidad están al margen de la ley, y manifestó que desde inicios de 2011 a agosto del mismo año fueron clausurados cerca de 30 centros de ese tipo.

 

Pese a ello, Cordero lamentó que los mismos no fueran cerrados "por violación de derechos humanos", sino por irregularidades en su funcionamiento.

 

Aunque la constitución ecuatoriana aprobada en 2008 es la primera en el país que reconoce los derechos de los homosexuales, Salao aseguró que "la estructura del estado es homofóbica, misógina, lesbofóbica y transfóbica", y puso como ejemplo de ello que "las clínicas de rehabilitación siguen actuando con total impunidad con índices de tortura y corrupción".

 

Por tal motivo, tanto Salao como Cordero piden que se declare un "estado de emergencia en salud por la situación de estas clínicas".

 

"El Estado no ha podido aplicar las garantías para la comunidad GLBT (gay, lesbiana, bisexual y transexual), y menos en temas de tortura y violación de derechos humanos, necesitamos una justicia clara y honesta", enfatizó Salao.

 

Al margen de la rueda de prensa Efe conoció el testimonio de Paola Zirrit, una de las jóvenes ingresadas en uno de estos centros, quien denunció que en el lugar los guardias la mantuvieron esposada durante tres meses, le propinaron palizas e insultos, y le tiraron encima orina y agua helada.

 

"El sistema de clínicas es violento", dijo Ziritt, quien afirmó que a los jóvenes los obligan "a pasar cuatro o cinco días sin comer" y que incluso se llega "a la violación sexual o el acoso", hechos de los cuales se quejó con su madre, quien previamente la había internado allí para que cambiara su orientación sexual y quien después decidió retirarla del lugar tras conocer tales hechos de violencia.