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Polìtica
Entra en vigor la reforma al Código de la Democracia

Una serie de nuevas normas electorales, entre ellas restricciones a la cobertura de la prensa, entraron hoy en vigor en Ecuador impulsadas por el presidente del país, Rafael Correa, al tiempo que se presentaron dos demandas de inconstitucionalidad que buscan parar su aplicación.

Lunes 06 Febrero 2012 | 19:40

El llamado Código de la Democracia, que prohíbe a la prensa publicar mensajes que incidan a favor o en contra de un candidato y que permite realizar cierta publicidad oficial durante la campaña, al tiempo que establece un nuevo método de cálculo de escaños, se convirtió hoy en ley con su aparición en el Registro Oficial.
"Ya está publicado", dijo a Efe su director, Hugo Del Pozo, quien explicó que "entró en vigor hoy".
Sin embargo, para que se aplique a los próximos comicios, previstos para el 20 de enero de 2013, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tendría que atrasarlos, pues la Constitución prohíbe que se ejecuten reformas electorales durante el año anterior a la cita con las urnas.
El CNE también deberá desarrollar el reglamento para desarrollar las disposiciones.
Una de las cláusulas más polémicas es la que establece que durante la campaña electoral los medios "se abstendrán de hacer promoción directa o indirecta, ya sea a través de reportajes, especiales o cualquier otra forma de mensaje, que tienda a incidir a favor o en contra de determinado candidato, postulado, opiniones, preferencias electorales o tesis política".
Correa, que se prevé que se presente a la reelección, mantiene que esa disposición asegura que los medios de comunicación se limiten a informar y no se conviertan en "actores políticos", y asevera que la prensa miente al afirmar que su intención como mandatario es acallar las voces independientes.
También ha apuntado que "al primero que le pondría restricciones es al Presidente de la República, pues de lanzarse a la reelección no podría, durante época de campaña, dar sus informes de labores cada sábado" en su programa radial y televisivo semanal.
Por su parte, asociaciones de prensa ecuatorianas y extranjeras, así como la oposición política, se quejan de que se trata de un ataque a la libertad de expresión.
"Se pretende amordazar el trabajo de los periodistas en el momento de las elecciones", dijo a Efe Vicente Ordóñez, presidente de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), que presentó hoy una de las demandas contra el Código ante la Corte Constitucional.
"Esto es inconstitucional, pero además es una tomadura de pelo al pueblo ecuatoriano", afirmó Paco Moncayo, uno de los cuatro asambleístas del grupo político Alianza Libertad que acudieron a la sede de ese tribunal para entregar su propio escrito.
La nueva ley también relaja la prohibición de realizar publicidad oficial, al permitir la promoción de proyectos públicos en ejecución y cuando se requiera informar de "temas de importancia nacional", como campañas de salud, seguridad "u otras de naturaleza similar".
Moncayo dijo al vicepresidente de la Corte Constitucional, Edgar Zárate, quien recibió las dos demandas en una reunión a la que tuvo acceso la prensa, que ese tipo de publicidad induce a los votantes a favor de los candidatos que se presentan a la reelección.
En cambio, Correa mantiene que la disposición en nada cambia la prohibición de hacer propaganda electoral con fondos públicos.
Los asambleístas de oposición protestaron además contra el cambio del mecanismo de asignación de los escaños en la Asamblea Nacional, de forma que para los representantes nacionales se usará el método Webster y para los parlamentarios regionales el sistema D'Hont.
Los miembros de Alianza Libertad le dijeron a Zárate que Alianza País, el movimiento oficialista, obtuvo un 50 % del voto en las elecciones de 2009 y se quedó con 58 % de los escaños, mientras que con el sistema D'Hont le habría correspondido un 75 % de los curules porque su cálculo es más favorable para los grandes partidos, según explicaron.
"Esto no es equitativo", se quejó el asambleísta Marco Murillo.
El Código permite además a un candidato presentarse a la reelección sin ausentarse de su cargo para realizar la campaña, como hasta ahora, lo que también ha sido criticado por la oposición.

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