La movilización es en contra de la privatización del agua, la no intervención en las cabeceras de cuencas y glaciares y por el reconocimiento del acceso al agua como un derecho fundamental.

Para ello se reclama a las autoridades nacionales la protección urgente del agua y provisión de un conjunto de instrumentos de política ambiental, como la gestión adecuada de recursos hídricos, ordenamiento territorial y la moratoria de concesiones.

Las organizaciones sociales, colectivos indígenas y ecologistas que convocan a la marcha convergen en que la pelea por el agua y los recursos hídricos es una lucha contra el modelo económico neoliberal que tuvo un vigoroso impulso durante el gobierno reciente de Alan García.

En Perú 148 conflictos referidos al agua están activos y 67 latentes. La región oriental de Puno ocupa el primer lugar con 20; le siguen Ancash, Cajamarca y Cusco con 16. De estos conflictos sociales el 55% se refieren a conflictos por actividades extractivas y pasivos ambientales.

Estos conflictos ocurren luego de que empresas mineras (formales e informales) y de hidrocarburos pretenden ingresar o ingresan a territorios de comunidades campesinas quechuas, aymaras y amazónicas, sin respetar el derecho a la consulta, el medio ambiente, la cosmovisión andina y los recursos naturales indispensables para la sobrevivencia de los pueblos andinos.