El presidente adjunto de esa entidad financiera, Antonio Acosta, expresó, mediante un comunicado, la disposición para que su banco en España brinde toda la información requerida por los investigadores.

 

Ello, a raíz de que la Asamblea Nacional ecuatoriana exhortara hace unos días a la Superintendencia de Bancos, la Cancillería, la Secretaría Nacional del Migrante (Senami) y la Defensoría del Pueblo a que investiguen sobre la situación de los ecuatorianos afectados por las hipotecas en España.

 

Acosta, en carta remitida al presidente de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea, Paco Velasco, aseguró que su banco "estará a entera disposición" de la delegación oficial que irá a España a indagar y apoyar a los inmigrantes perjudicados por las hipotecas.

 

Además, sugirió que la comisión esté formada por tres personas designadas por la Superintendencia de Bancos, la misma que, según dijo, debe viajar inmediatamente a España.

 

Acosta señaló que, pese a las críticas de inmigrantes sobre la operación de compra de cartera de créditos hipotecarios realizada meses atrás por el Banco del Pichincha en España, esa negociación cumplió con todas las disposiciones y normativas que establece la legislación española.

 

Recordó que el banco adquirió una "porción de la cartera otorgada por otros bancos españoles" a inmigrantes ecuatorianos, lo que generó preocupación en ese colectivo, por la posibilidad de que las deudas contraídas en suelo español puedan ser cobradas en Ecuador, lo que ha sido negado por la entidad.

 

De los créditos adquiridos por el banco, señala el texto, ninguno cuenta con garantía hipotecaria y apenas el 29 % tiene alguna cuota vencida.

 

Por su parte, la Asociación hispano-ecuatoriana Rumiñahui, que apoya a los inmigrantes en España, recordó que en octubre pasado denunció a la Senami la operación del Banco del Pichincha sobre una cartera a la que en su momento denominó "créditos basura".