El Ministerio de Relaciones Laborales señaló que el proceso de desvinculación continuará esta semana en el sector educativo, donde a nivel nacional son tres mil personas que se retirarán y, de estas, 700 pertenecen a la provincia del Guayas, quienes deberán salir de sus cargos por compra de renuncias, supresión de partida o jubilación voluntaria."Yo creo que hemos de culminar este mes de febrero con el 95% de compra de renuncias voluntarias. No todos van a ser reemplazados, en el sector de la salud si se necesita, ahí van a ser reemplazados el 100% (de los despedidos). En el sector de la educación por cada persona que salga ingresarán dos", dijo Espinoza.
El funcionario, en declaraciones reproducidas por Sonorama, señaló que no debe haber nerviosismo entre los empleados públicos cuando estos se encuentren seguros de haber prestado un buen servicio y atención al usuario.
La medida se ampara en el Decreto 813, firmado por el presidente de la República, Rafael Correa, el 7 de julio de 2011, el cual reforma el Reglamento a la Ley de Servicio Público y establece la figura de la compra de renuncias obligatorias para los servidores públicos.
Los últimos despidos se registraron en instituciones como el Ministerio de Turismo, Aduana, Agencia Nacional de Tránsito, Ministerio de Ambiente, y del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).
Espinosa confirmó que de estas instituciones fueron separados alrededor de 900 funcionarios públicos, que se añaden a otros 2 700 obligados a salir del trabajo el año pasado, lo que provocó críticas de sectores sociales y políticos.
Espinosa advirtió hoy de que el número de "salidas" de empleados públicos podría aumentar porque aun hay instituciones cuyas plantillas se tienen que revisar, y destacó que la reestructuración dejará beneficios para el Estado ecuatoriano.
"No en todo los casos se va a reemplazar, en el momento que no se reemplaza genera un ahorro en esa partida específica", puntualizó.
Según el Gobierno, la medida busca depurar al sector público, para lo cual se destinó $160 millones para el pago de indemnizaciones de al menos 3 mil funcionarios en este año.
