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Legislatura ha postergado 857 días aprobación de ley de Comunicación

Un total de 857 días han transcurrido desde el 16 de septiembre de 2009, fecha en la que la Legislatura calificó tres proyectos de ley de Comunicación para el conocimiento, debate y aprobación de los parlamentarios.

Lunes 30 Enero 2012 | 11:55
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La aprobación de esta ley es un mandato que consta en la Constitución vigente, redactada en Montecristi (Manabí), avalada con el 63,94% de sufragantes, el 28 de septiembre de 2008.
La Carta Magna ordenaba a la Legislatura que en el plazo máximo de 365, desde su vigencia (20 de octubre de 2008), debía aprobar varias leyes, entre ellas la de Comunicación.
El 16 de septiembre de 2009, la Comisión Administrativa de la Legislatura (CAL) calificó los proyectos de ley presentados por César Montúfar, Lourdes Tibán y Cléver Jiménez; y otro de Rolando Panchana.
El 21 de noviembre de aquel año, la Comisión presentó un informe que recogía las observaciones y argumentos de los legisladores y de los ciudadanos.
Entre el primero y segundo debate, la Comisión de Comunicación, integrada por once parlamentarios (6 oficialistas y 5 de oposición), realizó 69 reuniones para debate, discusión y aprobación del articulado del proyecto legal (24 sesiones para revisar el primer informe y 45 para el segundo).
En ese lapso -sin contar con los aportes realizados durante el debate en el pleno (noviembre de 2011), la Comisión recibió a delegaciones de 28 organizaciones de medios de comunicación, de la sociedad civil, organismos no gubernamentales y de instituciones del Estado. El proyecto de ley tiene 105 artículos y 17 disposiciones transitorias.
Algunos puntos relevantes del informe, que ha reposado en la Legislatura por casi 30 meses, son la conformación de un consejo de regulación, régimen de sanciones, democratización del espectro radioeléctrico, impulso a la pluralidad de voces y al desarrollo local, acceso a la información de sectores marginados, limite del acceso a frecuencias, reversión de frecuencias ilegales, regulación de los medios públicos.
 
Otra deuda legislativa
Al incumplimiento del plazo establecido en la Constitución de 2008, se suma otra deuda legislativa: el 7 de mayo de 2011, los ecuatorianos aprobaron en consulta popular otro mandato que establecía que la legislatura debía dictar, sin dilaciones, una ley de Comunicación que, entre otras cosas, implemente un consejo de regulación para los contenidos explícitamente sexuales, discriminatorios y violentos de la prensa.
Gabriel Rivera, legislador de PAIS responsabilizó del incumplimiento del mandato popular a los diputados de oposición, en alianza con grupos económicos y políticos del país, entre los que incluye a la misma prensa.
Sostuvo que el costo político es incalculable y que no ve la voluntad política de los bloques opositores en la Legislatura para aprobar la ley. “Me parece intolerable el hecho de que hasta ahora no se haya podido poner en vigencia la ley de Comunicación, porque es muy grave desoír el mandato popular”, dijo. 
 
Corte Constitucional puede dictar ley provisional
La ley Orgánica de Garantías Constitucionales contempla una salida en caso del entrampamiento de un mandato popular. En noviembre de 2011, el asambleísta oficialista Hólger Chávez presentó ante la Corte Constitucional una demanda por omisión contra la Asamblea Nacional.
La demanda de inconstitucionalidad busca que la Corte dicte una ley de Comunicación. Para su redacción podrá nutrirse y apoyarse en los proyectos que están en trámite en la Asamblea, así como de los informes de la mesa que le correspondió el desarrollo de la ley. Este escenario quedaría vigente hasta que el órgano legislativo establezca acuerdos para expedir el cuerpo legal  requerido.
 
Los argumentos de la oposición
Desde la presentación del primer proyecto de ley, los sectores de oposición han coincidido con los criterios de los grandes conglomerados mediáticos del país, en el sentido de que “la mejor ley es la que no existe”.
Legisladores como César Montúfar han supeditado el apoyo a la aprobación de la ley, a la suscripción de un acuerdo en la que todos los asambleístas se comprometan a ratificar el documento aprobado por el Parlamento, ante un eventual veto del presidente Rafael Correa.
En medio del debate, en el pleno de la Legislatura, Andrés Páez, asambleísta del partido Izquierda Democrática, dijo que “hay que desmontar el mito del mandato popular”, pues la consulta no manda a aprobar una “ley mordaza”.
El asambleísta Rivera opinó que quienes se oponen a la aprobación de la ley forman una parte del Ecuador que se niega a perder sus privilegios y el poder acumulado desde años atrás.
“Es realmente increíble que, a pesar de una consulta popular y de un mandato constituyente, esta ley no esté en vigencia. Creo que quienes se han negado a aprobarla, están en deuda con el pueblo ecuatoriano”, subrayó.
 
 
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