La fuerza de la protesta global, liderada por Wikipedia, con un apagón informativo de 24 horas y por Google, con un llamado a sus usuarios a que repudien los proyectos de ley, hizo que los legisladores detuvieran su apresurada marcha, traten de aprender más sobre el uso de las nuevas tecnologías y piensen en una ley que equilibre mejor el derecho de autor con el de libertad de expresión.

La misión no es fácil, más en un año electoral cuando las presiones se potencian y sobre el ring hay dos pesos pesados. En un rincón, la poderosa industria del entretenimiento, representada por Hollywood, que favorece este tipo de leyes para detener la piratería y las falsificaciones que le han provocado pérdidas millonarias y empleos; y, en el otro, la creciente industria del conocimiento, que desde el Valle de Silicona, clama siempre por un internet desregulado, que ya ha servido para derribar gobiernos anti democráticos, crear millones de empleos y expandir el comercio mundial.

Aunque en las formas muchos solo vean puñetazos, en el fondo todos están de acuerdo. Tanto el gobierno y los políticos, como ambas industrias privadas, creen que la propiedad intelectual estadounidense debe protegerse en todo el orbe como ya se hace en el país; empero, las diferencias estriban en cómo hacerlo ya que los proyectos de ley SOPA (Ley para Detener la Piratería Online) y PIPA (Ley para Proteger la Propiedad Intelectual), no son buena opción.

Estas regulaciones imponen a las compañías tecnológicas un poder de policía y de auxiliares de la justicia que no les corresponde. SOPA y PIPA obligan a Google, Facebook, Wikipedia, Twitter y Amazon, entre otros, a convertirse en supervisores y censores de contenido, con el agravante de que pueden ser multados o desactivados si omiten esas funciones.

Aunque el espíritu de la ley es cortar los canales del dinero a potenciales piratas y falsificadores extranjeros, no deberían ser las compañías tecnológicas las encargadas del control, sino las autoridades competentes, fiscales y jueces a través de investigaciones y denuncias de los propios creadores de contenido. Así, los responsables tendrían garantías al debido proceso y al derecho a la defensa, lo que no existiría si se deja al arbitrio de una compañía privada como Google, determinar quién es o no un criminal.

Es bueno que haya libertad en la red, porque este formato hasta ahora fue el que garantizó la innovación y la creatividad de la que hoy disfrutamos. Pero no es bueno que en nombre de esa libertad se excuse la piratería, se crea en la filosofía anarquista de Anonymous y del vale todo, o se justifiquen los robos y a los delincuentes.