“Lamentablemente, las legislaciones en nuestros pueblos no son correctas, pues mientras en algunos países existe el tipo penal de esclavitud, ni en México ni Ecuador ser esclavo, para quien esclaviza, es un delito, lo mismo sucede para la calidad de siervo y el trabajo forzoso”, dijo.

Entonces, agregó hay que prohibir la esclavitud, la servidumbre, el matrimonio servil, además la explotación sexual y luego la trata de personas que es accesoria. Todas las conductas, pero con tipos ligeros, deberían sujetarse al Protocolo de Palermo, sostuvo.

Entre tanto, Michelle Dibán, de Chile, comentó que más que una buena ley, que nunca está demás, lo fundamental es que ésta se aplique, que se establezca una sanción y que la misma se cumpla, tras subrayar que la problemática del tráfico de drogas y lavado de dinero merece respuestas legales concretas y efectivas.

Las leyes penales tienen que establecer duras sanciones para la referida temática, lo que debe ir acompañado de una investigación patrimonial completa, a fin de que los involucrados pierdan lo que adquirieron como producto o como instrumento del delito. Si las sociedades no logran eso, evidentemente, los órganos seremos objeto de grandes críticas, acotó.

Por su parte, Waldo Santielices, de Ecuador, habló de promover tipos y sanciones penales a las personas jurídicas que hayan cometido ilícitos, que es algo nuevo a nivel del Ecuador y del mundo.

Insistió que es fundamental una reacción jurídico-penal política al respecto, ya que cada vez hay más delitos que se comenten por parte de estas personas, en casos de medio ambiente, trafico de drogas, tráfico de armas, lavado de dinero, delitos contra la salud, delitos económicos, defraudaciones tributarias y aduaneras, trata de personas, etc, cuyas conductas delictivas, por falta de tipificación, quedan en la impunidad.

Por último, Patlova Guerra, jueza ecuatoriana, dijo que todos los tipos penales necesariamente deben ser una conducta tipificada y sancionada en la ley penal, que contenga elementos muy simples que requiera el fiscal para justificar ante el juez y recoger las evidencias respectivas con el apoyo de la Policía o del elemento investigativo.