Esta cifra, sumada a los 2.700 servidores despedidos entre octubre y diciembre del 2011, dejan una cifra de casi 4.000 ciudadanos en el desempleo.

El ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, dijo el viernes pasado que el número de “salidas” de empleados públicos podría aumentar porque aún hay instituciones cuyas plantillas se tienen que revisar, y destacó que la reestructuración dejará beneficios para el Estado ecuatoriano.

También comentó que alrededor de 4.000 profesores “de manera voluntaria” van a renunciar a sus puestos de trabajo, acogiéndose a la jubilación.

Así en total, entre renuncias obligatorias y voluntarias, se reduciría el número de servidores públicos en 8.000 puestos.

Varias consecuencias se ven a futuro por los despidos con renuncia obligatoria, considerados ilegales e inconstitucionales por parte de expertos laborales y sindicalistas. 

Estas medidas podrían desembocar en que el Estado les deba pagar a los despedidos millonarias indemnizaciones, debido a que la separación se ha hecho con procedimientos inconstitucionales. Así opinó el jurista Joaquín Viteri, experto en temas laborales, a propósito de la última ola de despidos.

Explicó que el artículo 292 de la Constitución sostiene que “los derechos de los servidores y servidoras públicos son irrenunciables”. 

Según Viteri, la estabilidad laboral es uno de aquellos derechos, por lo que, cuando la justicia sea independiente los extrabajadores podrían ser restituidos en sus cargos e indemnizados, con el correspondiente costo para el Estado.

Sin embargo, las autoridades responsables de impulsar estas medidas deberán responder, de acuerdo a la ley de repetición. 

Estos serían, a decir de Viteri, el ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, y el presidente de la República, Rafael Correa, por acción; y los miembros de la Corte Constitucional que no han respondido las demandas de inconstitucionalidad presentadas.

El viernes pasado, el ministro de Relaciones Laborales de Ecuador, Richard Espinosa, reconoció el despido de 900 funcionarios públicos, bajo la figura de renuncia obligatoria.

El funcionario argumentó que para tomar la medida, las autoridades correspondientes han realizado un “análisis” con el objetivo de aumentar “la eficacia y la calidad de atención a la ciudadanía”. Los despedidos en esta ocasión fueron servidores del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) (168), del Ministerio del Ambiente (150), de la CAE (105), de la Dirección de Aviación Civil (81), del Ministerio de Industrias y Producción (Mipro) (26), entre otros. 

Para Miguel García, presidente de la Federación de Servidores Públicos de Pichincha, las medidas son ilegales y mal hace el Ministerio en continuar con dichos despidos, pues se debería esperar a que haya un pronunciamiento de la Corte Constitucional frente a la demanda de inconstitucionalidad presentada al Decreto Ejecutivo 813, que dio paso a la compra obligatoria de renuncias.

Dicho decreto señala: Las instituciones del Estado podrán establecer planes de compra de renuncias obligatorias con indemnización conforme a lo determinado en la letra k) del artículo 47 de la Losep, debidamente presupuestados, en virtud de procesos de reestructuración, optimización o racionalización de las mismas. Los servidores deberán cumplir obligatoriamente estos procesos.

Entre octubre del 2011 y enero del 2012, las instituciones donde se han dado los despidos han sido: Ministerio de Salud, hospitales, Banco Nacional de Fomento, Banco Central del Ecuador, Agencia Nacional de Tránsito, Ministerio de Turismo, entre otros. 

Para Viteri, el Gobierno ha buscado sacar a los trabajadores para poder incorporar a militantes de su proyecto y así le apoyen en la campaña electoral que se viene por la reelección. 

Además, opinó que lo actuado generará problemas sociales. Los trabajadores despedidos, que reciben una indemnización, no están preparados para usar el dinero en algo productivo. Si hubiera existido una planificación, entonces se habría capacitado a los burócratas antes de desvincularlos, a fin de que cuando salgan no gasten su dinero en productos de consumo o simplemente en el pago de deudas.

 

Código: Orgánico del Trabajo

Proyecto

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) socializó esta semana el Proyecto de Código Orgánico del Trabajo, preparado por los juristas: Julio César Trujillo, Alfredo Borja y Joaquín Viteri.

Principios

En el texto se exponen los principios de protección al trabajador y se provee una normativa para el trabajo de los adolescentes; la prohibición del trabajo infantil, entre otros temas.

Jornadas

Hubo tres jornadas de socialización en Cuenca, Guayaquil y Quito, en las cuales participaron los presidentes de las confederaciones CEOSL, CTE, CEDOCUT, también representantes de la UGTE, así como abogados laboristas, dirigentes de otros gremios.

Observaciones

La idea era recibir observaciones por parte de trabajadores y sectores laborales, e incorporarlas al texto, antes de ser presentado a la Asamblea Nacional. En febrero se realizará un taller para incluir todas las propuestas de la ciudadanía.