Correa recibió en el Palacio presidencial de Carondelet, en el casco colonial de Quito, al argentino Oscar Fernández Taranco y al uruguayo Elio Tamburi, delegados del secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, para investigar el caso, por pedido del propio Gobierno ecuatoriano.

 

Ecuador acudió a Naciones Unidas para "ver si nos ayudaban a dejar sentada la verdad histórica" sobre ese hecho, señaló Correa al explicar la versión oficial a los delegados internacionales.

 

"En un país normal (...) no se requeriría ningún apoyo para establecer la verdad pero, dada las pasiones, dada cierta prensa mala fe" y "la mediocridad de la oposición", se requiere de una investigación independiente, apostilló Correa.

 

Algunos opositores dudan de la versión oficial y por ello han pedido a los delegados de la ONU que recojan sus explicaciones, así como de agentes que han sido encausados por esos acontecimientos.

 

El asambleísta opositor César Montúfar incluso ha enviado una carta al coordinador del sistema de Naciones Unidas en Ecuador, José Manuel Hermida, en la que expresa su "extrañeza" por "no haber sido informado" sobre la llegada de la misión investigadora.

 

Montúfar pidió conversar con los delegados para "aportar con información de importancia" y recordó que en 2010 él pidió al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que investigara los sucesos acaecidos en Ecuador.

 

Para el asambleísta, "no podrán haber conclusiones serias sobre los hechos del 30 de septiembre si la investigación que se realiza se circunscribe al ámbito gubernamental", sin incluir las versiones de asambleístas y ciudadanos, según él, "perseguidos por opinar diferente en relación a esos sucesos".

 

De su lado, Fernández Taranco, que es subsecretario general para Asuntos Políticos de la ONU, calificó a la reunión con Correa como "abierta" y "transparente", y recordó que se ha reunido con otras autoridades y asambleístas para recoger sus versiones.

 

Fernández Taranco remarcó que el 30 de septiembre de 2010 se produjo "un acontecimiento sumamente grave de desestabilización a la democracia en Ecuador" y recordó que Ban, en su momento, condenó la sublevación.

 

También dijo que Naciones Unidas "seguirá trabajando" para fortalecer la estabilidad institucional, la defensa de los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho en Ecuador.

 

En la cita oficial también participaron el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño; la ministra Coordinadora de Patrimonio, María Fernanda Espinosa; el de Justicia, José Serrano; y el asesor particular de Correa, Gustavo Jalkh.