El informe anual del defensor del profesor muestra un descenso espectacular en el número de agresiones a docentes después de que tres comunidades autónomas gobernadas por los populares –Madrid, Valencia y La Rioja– reconocieran al profesor como autoridad pública.

 Así, agredir a un docente ha pasado de ser una falta a considerarse un delito castigado con dos años de cárcel. Los datos avalan que éste es el camino a seguir. La protección legal del profesor le permite desempeñar su crucial misión con dignidad y seguro que redundará en una mejora en la calidad de la enseñanza.