Aún no había un pronunciamiento oficial al respecto.

Chehade comenzó a ser investigado en octubre por la fiscalía y el Congreso, luego de revelaciones de que se reunió con tres generales para supuestamente pedir una intervención policial a favor de un grupo empresarial local que mantiene una disputa por el control de una firma azucarera.

El escándalo dañó la popularidad de Humala en ese momento, pero un cambio de Gabinete en diciembre para aplacar protestas contra la minería elevó su índice de aprobación a un 54 por ciento, según la más reciente encuesta de Ipsos Apoyo.

En diciembre, Chehade fue suspendido de sus funciones legislativas por 120 días, pero falta que el pleno del Congreso vote un informe que fue preparado y aprobado por la subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomienda inhabilitarlo de ejercer algún cargo público por cinco años.