La Constitución del 2008, aunque adolece de fallas, cambios y omisiones arbitrarias, es la que rige lo que debería ser la vida democrática del Ecuador y entre otras cosas establece derechos y garantías detallados en esa Constitución y en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, los que deberán ser de directa e inmediata aplicación.

  Y entre esos derechos está el de la libertad de opinión, de expresión y de prensa, los mismos que son inalienables e irrenunciables, siendo obligación del Estado, llámese legislativo, ejecutivo o judicial, el de respetar y hacer respetar esos derechos.
Es por ello que, no solamente dentro del país sino también que en el exterior, ha llamado profundamente la atención el trámite seguido contra el Diario El Universo y un periodista de opinión en atención a una demanda judicial del Presidente de la República, economista Rafael Correa Delgado, aunque dicha acción supuestamente es seguida a título particular, pero sin descartarse la natural influencia en víspera de una eventual reorganización judicial, habiéndose llegado en primera instancia a un fallo que ha escandalizado de manera general con una sentencia de 3 años de prisión y un pago de $42 millones de dólares  entre indemnización y honorarios profesionales. El derecho a opinar y la libertad de expresión a través de los medios de prensa estarían siendo restringidos si llegase a prevalecer la acelerada opinión del Juez, manifestada en su sentencia,  ya que esta acción penal estaría causando temor a los ciudadanos que por una razón u otra desean expresar su opinión garantizada por  ese derecho constitucional. Queremos sumarnos al rechazo generalizado por esta abominable e ilegal sentencia en contra de respetables ciudadanos y en contra de un  también respetable medio periodístico; y nos sumamos al editorial de El Universo cuando dice que “Se ha sentenciado a los directores porque el diario publicó la opinión de uno de sus columnistas; esto significa que la prensa no puede reproducir opiniones ni declaraciones de políticos, ni de empresarios, ni de deportistas ni de dirigentes populares, ni de sus lectores, ni de ciudadano alguno, porque sería responsable de lo que ellos digan. Es una intimidación que llevará a la autocensura y al silencio”. Y nosotros agregamos: ¿Y los insultos y denuestos que día a día se dan contra ciudadanos e instituciones? ¿Se los publicará o no?
Queremos seguir creyendo en la justicia, en las libertades y en la democracia.  Esperamos que esa malhadada sentencia  sea anulada por  la instancia superior en aras de la paz, de la unión y del respeto.<