La revolución ciudadana de Rafael Correa se asemeja cada vez más a la bolivariana de Hugo Chávez. En ambas, la crítica a la autoridad y el disenso se han convertido en delitos de opinión, castigándose con cárcel, multas millonarias o exilio forzado.

Así como la iglesia del Siglo 14, el presidente ecuatoriano se siente dueño de la verdad, infalible y censor de sus críticos. Así, un excolumnista de El Universo y sus directivos pagaron muy caro la osadía de llamarlo “dictador” en una columna de opinión. En un trámite judicial vertiginoso - digno de un récord Guinness – un juez dictó sentencia, condenando a los demandados a tres años de cárcel y a indemnizar al mandatario con 40 millones de dólares.
La desproporción entre el castigo y el delito de opinión, desenmascaran un juicio politizado. Similar al que fue sometido el opositor venezolano Oswaldo Álvarez Paz, sentenciado a dos años de cárcel por declarar en TV que el narcotráfico corroe a Venezuela. Un entretejido sistema jurídico-legal, usado para castigar la crítica de políticos y periodistas, quienes ante la persecución, eligen el destierro antes que la cárcel.
A este sistema, Chávez y Correa lo completan con la estrategia del escarnio público, dedicando cadenas nacionales para satirizar e insultar a sus contrincantes. La astucia está en que la burla pública, las represalias legales y la inseguridad jurídica generen miedo y autocensura.
Correa se sirve de su estrategia integral para expropiar y controlar medios. Creó un emporio de 19 medios de comunicación, sin contar los que controla mediante presión de publicidad oficial, inspecciones impositivas y sanciones administrativas.
Su mayor anhelo es contar con una ley de comunicación que le permita “controlar los excesos de la prensa corrupta”. Introdujo su semilla en la Constitución, apenas asumió, aunque no pudo cristalizarla tras varios empellones en el Congreso. Pero en una coartada perfecta, retomó el tema en la Consulta Popular de mayo, buscando el apoyo ciudadano para que se legisle “sin dilaciones”. Consiguió su sueño, y de un solo golpe contra la libertad de empresa y de prensa, logró que el proyecto incluya una prohibición para que los dueños de medios no posean otro tipo de empresas y que se sancionen los contenidos explícitos sobre violencia, sexo y discriminación.
El gobierno ecuatoriano se ha encargado de vender gato por liebre para que pasen desapercibidas esas violaciones. Los ciudadanos creen que se trata de una ley de comunicación; no obstante que la censura recaerá sobre todas las expresiones, así sean cartas al director, declaraciones de opositores, páginas de internet o mensajes por redes sociales.
Pero a Correa el tiro puede salirle por la culata. El costo político de estas estrategias inquisidoras contra medios, oposición y ciudadanía, será caro; al menos, certificará su autoritarismo, lo que trata afanosamente de simular tras una estampa de líder apegado a las leyes y la justicia.<