En un comunicado, la Dirección de Bibliotecas, Museos y Archivos (Dibam) de Chile anunció hoy que ya está en su poder el trozo de papel cuadriculado en el que el 22 de agosto de 2010, tras 17 días bajo tierra, el minero José Ojeda escribió con letras rojas "Estamos bien en el refugio los 33".
Con esa nota, pegada a una de las sondas que excavaron la mina en búsqueda de algún indicio de vida, los mineros dieron la señal de que estaban vivos, lo que permitió encauzar las labores de rescate, que culminaron el 13 de octubre con su retorno a la superficie.
El simbólico documento, que ha acompañado al presidente Sebastián Piñera en varios de sus viajes al extranjero, fue trasladado la semana pasada dentro de una carpeta desde el Palacio de la Moneda (sede de Gobierno) hasta la sede de la Dibam.
Allí fue llevado al Departamento de Conservación y Restauración, donde se le tomaron las medidas -8 centímetros de ancho por 22,2 de largo-, fue sometido a las primeras labores de conservación y fue protegido con un plástico mylar, que no reacciona a la acidez.
Después, fue trasladado a una caja fuerte donde se conservan también algunos textos de los poetas Gabriela Mistral y Pablo Neruda, los dos escritores chilenos galardonados con el premio Nobel de Literatura.
El papel de los mineros será sometido además a un completo estudio, que incluye una documentación fotográfica y una limpieza con distintos tipos de gomas.
Con todo, la Dibam asegura que no se quitarán las pequeñas manchas de café que tiene al costado derecho, puesto que "son parte de su propia historia".
El próximo 5 de agosto, cuando se cumpla un año del accidente que durante 70 días dejó atrapados a los 33 mineros, el papel será exhibido en una muestra que inaugurará el presidente Piñera en el Museo Regional de Copiapó, a unos 45 kilómetros del yacimiento.
El escrito será mostrado también en la nueva sede de ese museo, que será desarrollado por la Dibam.
El viernes pasado, 31 de los 33 mineros presentaron una demanda por 7.750 millones de pesos (unos 16,66 millones de dólares) contra el Estado chileno, por la presunta negligencia del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), que no fiscalizó apropiadamente el yacimiento en el que se desarrolló la tragedia.