La decisión determina que los miembros de las Fuerzas Armadas permanezcan custodiando las instalaciones de la Función legislativa. Esta situación se mantiene luego de la sublevación del 30 de septiembre del 2010, en donde hubo participación de los miembros de la Escolta Legislativa, que en esa época, estaba conformada por elementos policiales.

El Jefe de Estado, en el documento, sostiene que a pesar del proceso intensivo de recomposición institucional del sistema de seguridad en la Función Legislativa, “las secuelas de tal suceso no se han podido superar, lo que podría generar gran conmoción interna sí es que la Asamblea no pudiese ejercer a plenitud las atribuciones y facultades que les confiere la Constitución y la Ley”.<