En este sentido, propone la creación de la Corte Nacional Electoral, como parte constitutiva de la Función Judicial, la cual se encargaría de juzgar las infracciones electorales y las cuentas que rindan los partidos, movimientos y los candidatos. Así también, el manejo de los montos, origen y destino de los recursos que utilicen en las campañas electorales y actuará como órgano de apelaciones de las resoluciones del Consejo Nacional. En el proyecto además, consta la creación de la Comisión Nacional Electoral, el que estará integrada por siete vocales en representación de los partidos o movimientos políticos nacionales o alianzas electorales que hayan obtenido las más altas votaciones en las últimas elecciones nacionales para diputados, los que deberán presentar al Congreso Nacional las ternas de las que se elegirán los vocales principales y suplentes. Se formula un esquema para la primera elección de la Corte Nacional Electoral, con la participación de la Corte Suprema de Justicia y el Presidente de la República, con participación ciudadana, para que posteriormente se perfeccione el mecanismo de cooptación. La reforma además esta orientada a despartidizar el Tribunal Constitucional (TC), por lo que sugiere que sus integrantes a más de reunir los mismos requisitos que los exigidos para los ministros de la CSJ, estén a su vez sujetos a las mismas prohibiciones y cuando se produzcan vacantes éstas serán llenadas a través de un sistema de cooptación. Para el sistema de cooptación propone que, dentro del mes siguiente a la entrada en vigencia de la reforma constitucional, tres de los actuales integrantes del TC, escogidos por sorteo, terminen sus funciones, los seis restantes cooptarán a los que faltan, que necesariamente serán distintos a los cesados y el Presidente del TC será elegido de entre los magistrados cooptados. Dos años después se realizará otro sorteo entre los seis magistrados originales y se procederá de la misma manera para la elección de sus reemplazos y dos años se realizará el mismo mecanismo. Cuando los nueve magistrados sean todos cooptados su período será de seis años. El proyecto fue ingresado en secretaria a inicios de diciembre y remitido a la Comisión de Asuntos Constitucionales, la cual deberá presentar el informe para primer debate.