La propuesta del congresista busca adelantarse a la del presidente electo, Rafael Correa, de eliminar al ex Instituto Emisor. Es así que la iniciativa tiene como objetivo desaparecer a esa entidad bajo el argumento que la gestión que cumple actualmente el BCE se aparte de la normativa constitucional. Según el proyecto, el Banco del Estado, el Banco nacional de Fomento, la Corporación Financiera Nacional, el Ministerio de Industrias, la Corporación Aduanera Ecuatoriana y la Superintendencia de Bancos, en el ámbito de sus competencias, asumirán todas las funciones asignadas a esta entidad y que están definidas en la Carta Política y en la Ley, mientas que las funciones culturales y sociales serán desempeñadas por los municipios. Prevé, además, que los activos productivos e improductivos, muebles e inmuebles, que correspondan al ex Instituto Emisor pasan a control de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) con los que se pagarán a los depositantes perjudicados con la dolosa quiebra y cierre de las instituciones financieras. Ortiz insistió en que el BCE ha dejado de establecer, controlar y aplicar las políticas monetaria, financiera, crediticia y cambiaría del Estado y, por lo tanto, ya no concurre el objetivo constitucional de velar por la estabilidad de la moneda, puesto que la unidad monetaria, el sucre, ya no existe.