El juez Vigésimo Primero de Garantías Penales de Pichincha, Santiago Coba, suspendió a Cevallos por incumplir sus funciones al no restituir en su cargo a un magistrado, como había sido ordenado en un auto judicial.
Ese caso no tiene que ver con el juicio a los seis policías, pero supone un nuevo elemento en el enfrentamiento entre Coba y Cevallos, originado por el proceso judicial sobre la sublevación policial del 30 de septiembre de 2010.
El jueves, bajo la jefatura de Cevallos, el Consejo de la Judicatura suspendió con 90 días sin sueldo a los tres jueces que condenaron al coronel Rolando Tapia y a otros cinco policías a penas de entre tres años y dieciocho meses de cárcel por atentar contra la seguridad del Estado durante la rebelión. Cevallos suspendió a los jueces por una supuesta irregularidad en el nombramiento de Xavier Andrade.

 Fallo. El viernes Coba dejó sin efecto esa orden y los tres magistrados: Renato Vásquez, Luis Manosalvasa y Xavier Andrade volvieron a ocupar sus cargos, según dijo una portavoz del Tribunal Segundo de Garantías Penales, al que pertenecen los jueces destituidos.
Coba argumenta la suspender de Cevallos por no haber restituido al magistrado Vigésimo Segundo de Garantías Penales, Juan Pablo Hernández Cárdenas, quien fue relevado de sus funciones, pero que tras la emisión de un auto judicial tenía que volver a su cargo.
Ese auto establece que "si la resolución o sentencia no se cumple por parte de las servidoras o servidores públicos, la jueza o juez ordenará su destitución del cargo o empleo", según la resolución de Cevallos.

 Defensa. Por su parte, Cevallos declaró ayer a la prensa que su suspensión proviene de "un juez de garantías constitucionales que fue designado por el Gobierno".
"No hay un argumento legal para mi destitución, demostraré que he actuado apegado al derecho y que la decisión del juez no tiene asidero", comentó. <

Decisión de Cevallos no tenía valor alguno

Para el jurista Caupolican Ochoa, la suspensión que dictó Cevallos contra los jueces no tenía argumento jurídico pues esa responsabilidad le competen a las Salas de la Corte Provincial de Justicia.
Ochoa Neira asegura que la decisión tomada por el hasta ayer titular de la Judicatura causó un enredo jurídico que puso en duda la actuación del Tribunal Segundo de Garantías Penales.  “Jurídicamente es un acto inocuo que no tiene porque ser observando por los magistrados que dictaron sentencia, en ejercicio de las facultades legales que se derivan de su investidura jurisdiccional”, indica.
Aclara que el Código de la Función Judicial faculta al Presidente del Consejo de la Judicatura a ejercer sanciones en casos graves y urgentes.<

Pleno de la judicatura designó a nuevo titular

Sorpresivamente el pleno del Consejo de la Judicatura designó a Hernán Jaramillo como nuevo titular del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) sin embargo, una amenaza de bomba en el edificio del organismo obligó a retrasar la rueda de prensa convocada para dar a conocer detalles de esta designación.
Horas antes, el integrante del Consejo de la Judicatura (CNJ), Ulpiano Salazar, pidió que Víctor Hugo Castillo, vocal suplente, tome poesión del cargo de Cevallos. Salazar agregó que los demás vocales desconocían sobre este particular pues Cevallos no informa a sus colegas sobre los problemas que se dan y únicamente tomaba decisiones a criterio personal. “La ley rige y dice que formen parte del Pleno del Consejo de la Judicatura, son 9 miembros, si se destituye a uno, quedan 8”, dijo. La validez de esta designación es cuestionada por jurístas y profesionales en derecho penal.<