La Contraloría debería ser la última línea de defensa de la sociedad, de sus dineros, de sus recursos.
Debe estar allí, lista, preparada y armada para defendernos de los atracadores de fondos públicos que igual que las plagas de langostas que arrasan los cultivos en África dejando a su paso desolación y miseria, acá, esas plagas, transformadas en seres humanos vivísimos también devastan, también riegan desgracia y lo peor, destruyen los valores de la sociedad porque quieren hacernos creer que robar es una virtud. La Contraloría entonces no puede permitir ni tolerar que lo que tanto le cuesta a todo un país, como son los recursos que se destinan para hospitales, vías, etc., los que dirigen las instituciones públicas simplemente los dilapiden, compren o contraten con grotescos y asquerosos sobreprecios que terminan finalmente infectando y contaminando la sociedad y por supuesto, llevándose nuestro dinero .
Para combatir estos latrocinios con frecuencia es necesaria una verdadera conflagración. Y en esta guerra de rufianes de cuello blanco versus el estado representado por la Contraloría, es posible que algunas armas convencionales o no como sobornos, tráfico de influencias, tinterilladas, amenazas, sean las que se utilicen. Ya en ese momento, cuando salen a la superficie las armas prohibidas, cualquier desenlace puede ocurrir. Y claro, si las armas de destrucción masiva o las que sin serlo producen las mismas consecuencias en la moral pública, están en manos de los delincuentes de saco y corbata es probable que la sociedad toda sea la única perdedora. En tales circunstancias no se podrá hacer nada cuando se descubre, por ejemplo, que algo que vale dos millones los encargados de comprarla la pasan por cuatro millones. ¡Qué cosa tan horrible se debe sentir! Saber que los delincuentes a quienes se los ha pescado con las manos en la masa no puedan devolver lo robado.
Con esta clase de frustraciones, todos los ecuatorianos habremos perdido. Seremos las cándidas víctimas de los saqueos que cometen los que dirigen las instituciones encargadas de servir a la comunidad y lo peor es que no hay una esperanza cierta que en un tiempo X se detenga la avalancha de asaltantes que pululan en las instituciones a la hora de contratar.
¿Qué se puede hacer? Lo primero sería dotar de armas a la Contraloría para que combata de igual a igual con los delincuentes. Después cualquier cosa.
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