Me estoy saliendo de las normas y manuales de estilo de EL DIARIO, que no permite culebrones en los temas de opinión. Pido las debidas dispensas por la trascendencia del caso. Aspiro que podré mantenerme en pie unos cuantos rounds más en este cuadrilátero periodístico… antes de que suene la campana o… caiga por nocaut.

En el capítulo anterior mencionamos algunas contrataciones de “consultorías” y “asesorías” realizadas por Autoridad Portuaria que en su momento el Contralor, el Procurador General del Estado y el Fiscal tendrán que pronunciarse en cuanto a si fueron (o son) justas, necesarias, convenientes y legales.
Yo no soy quien para calificarlas, pero (el infaltable), si soy quien para ponerlas en conocimiento del Gran Juez (la ciudadanía) quien tiene todo el derecho para emitir su veredicto final… aunque Contraloría, Procuraduría y Fiscalía llegasen a pronunciarse absolutoriamente.
Hoy vamos a dar a conocer otros contratos, de difícil (no imposible) justificación también, esperando que esta vez los duros de la APM le cuenten a los manabitas del por qué, para qué, quiénes están detrás de los membretes de las “consultoras” y “asesoras” y cuánto se está invirtiendo en tales menesteres.
A saber:
“Consultoría para determinar el costeo de las tarifas por los servicios que brinda APM a los usuarios del Puerto” ($ 37.000).
“Estudio técnico, socioeconómico y formulación del plan de manejo ambiental para el proyecto de mantenimientos generales y obras complementarias del Puerto de Manta” ($ 36.800).
“Asesoría para la Administración del Talento Humano para la implantación del Proyecto de Reestructuración Orgánica de la Autoridad Portuaria de Manta que responda a la actual situación de la administración portuaria en la prestación de sus servicios” ($ 42.000).
Existen otros nisecuantos contratos en la APM a los que nos ha sido imposible acceder por la infranqueable barrera que protege su difusión. ¿Por qué no están en los boletines de prensa?
Sin embargo, creo que con estos siete casos que (nos) cuestan más de $ 250.000, hay suficiente evidencia para suponer que se estaría contratando estudios e investigaciones que han sido ejecutados anteriormente, en unos casos. Y, en otros, son perfectamente factibles de ser realizados (sin costo) por el propio personal de la Portuaria que para eso cuenta con suficiente experiencia y capacidad.
Mientras, anticipo que en otro juicio seguido por María y Juan Laina, contra Seguros Equinoccial por $ 2´500.000 por la muerte de José Laina como consecuencia de la explosión de gas amoniaco en el buque “Andrea F” acoderado en el muelle de Portuaria, nos acaba de llegar la sentencia. Y también, copia obtenida (en corto) en la Presidencia de la República, de carta-denuncia de Lucía Fernández, ex – presidenta de APM. (Continuará)<