En Manta el único centro autorizado para funcionar es "Volver a vivir", donde actualmente reciben tratamiento 39 personas de distintos cantones del país.
Pero en la ciudad hay al menos otras cinco clínicas que laboran sin permiso, según registros del año pasado.
Ramón Cedeño, propietario del centro Volver a vivir, manifestó que desde hace tres meses ellos dejaron de ser regulados por el Consep y pasaron a manos del Ministerio de Salud a través del Área No. 2, esto porque la drogadicción fue declarada como una enfermedad de salud mental.

El plan. Desde el 6 de septiembre del 2010 el Consejo Nacional de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Consep) dejó de tener la responsabilidad sobre el control de estos centros.
Zaida Villacís, del Consejo Cantonal de la Salud en Manta, sostuvo que aunque ellos no son la voz oficial en este tema han trabajado en la elaboración de un proyecto para crear un centro biomédico -terapia médica y terapéutica-.
Indicó que para ello ya cuentan con un terreno de tres hectáreas donado por el Municipio de Manta y que se ubica atrás de la ciudadela municipal Urbirríos.
Ella destacó además que se trabaja en una mancomunidad junto a Jaramijó y Montecristi, donde existen tres centros más autorizados por el Ministerio.

Problemas. Villacís asegura que el problema con estos centros es también económico, pues se mantienen con las contribuciones que hacen los internos o sus familiares.
En promedio un tratamiento de rehabilitación puede llegar a costar entre 500 y mil dólares, se indicó.
Su duración puede ser de tres a seis meses.
Entre los requisitos que las clínicas o centros de recuperación deben cumplir está la contratación de personal técnico especializado.
Entre ellos un siquiatra, un sicólogo, un médico general y una trabajadora social.
 lo que falta. Sin embargo, Zaida Villacis cree que se deben incluir talleres microempresariales o artesanales, para que cuando los internos salgan sepan un oficio en qué desempeñarse, pues en algunos casos se presenta la reincidencia.
Todos los centros de recuperación que existentes en el país son privados, aunque se conoce que en la Sierra funciona uno de manera directa con el Ministerio de Salud, pero su capacidad es sólo para 20 personas, lo que resulta insuficiente. La transición de competencias aún es lenta, acotó. <