En Medellín, capital del departamento de Antioquia (noroeste), en donde fue sancionada la Ley, Santos señaló a periodistas que la norma otorga nuevas herramientas en materia de allanamientos e investigación y en el tema penitenciario y carcelario.
"Los permisos para hacerle seguimiento a las llamadas telefónicas, pues eran de muy corto tiempo, se extendieron. Cuando se agarra a un delincuente en flagrancia, se puede inmediatamente judicializarlo sin una orden de captura", explicó Santos.
Detalló que de ahora en adelante se fortalecen las facultades del director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), que puede tomar decisiones inmediatas sobre reclusos que estén delinquiendo desde las prisiones.
"Mucha gente se daba el lujo de salir de la cárcel con brazaletes, inclusive delincuentes en muchos casos muy peligrosos. Ya eso se va a controlar mucho más", aseguró el mandatario.
Además, recordó que la Ley crea jueces de control de garantías ambulantes para que lleguen a lugares de difícil acceso.
El jefe de Estado manifestó que con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana las autoridades están más obligadas a brindar tranquilidad y protección a la comunidad pues "hoy el fenómeno de la delincuencia ciudadana "es más visible" y por eso "la gente lo siente más".
La ley prevé cárcel de entre cuatro y ocho años para las personas que hagan uso de equipos terminales de redes de comunicaciones o de cualquier medio electrónico diseñado o adaptado para emitir o recibir señales (chuzadas).
Para los que provoquen disturbios en eventos culturales o deportivos, se les prohibirá acudir a esos espectáculos por un período entre seis meses y tres años.
La pena de cárcel para estos delitos será de entre 80 y 180 meses cuando la conducta se realice con fines terroristas o en contra de miembros de la Fuerza Pública.
Además, para quienes financien actividades delincuenciales y terroristas, tendrán cárcel de entre 13 y 22 años y multimillonarias multas.
También tiene un aparte en el que se contempla cárcel de entre 64 y 144 meses para los extranjeros que realicen dentro del territorio nacional explotaciones ilegales de recursos naturales.