Aunque, el dedo en la llaga lo puso el ex presidente del Colegio de Economistas, y resultó que de la herida salió pus porque, al parecer, hay intereses en ambas partes por favorecer a determinados empleados. Mientras se cumple una huelga que toma como posta la salida de la jefa financiera y atención a pedidos puntuales del contrato colectivo, el gran perdedor es el usuario que no puede pagar las planillas y corre el riesgo que, reanudadas las actividades, se proceda al corte del servicio sólo porque a los sindicalistas les vuelve el amor por su trabajo y deciden aplicar la ley a los grandes cumplidores. Y los grandes deudores siguen campantes sin que se ejecuten acciones legales que permitan al organismo recuperar parte de la cartera vencida. Pero más allá de eso está el desprestigio en el que cada día se hunde más la institución, cuyas decisiones se toman a puertas cerradas, en medio de un secretismo que todos los bandos mantienen hasta que se toca a alguno y, allí sí, las acusaciones están a la orden del día. El solo hecho de que las sesiones de Junta de Accionistas sean a puerta cerrada, impidiendo el acceso a la prensa, da para pensar que algo se oculta a la faz de los ciudadanos. Es de esperar, entonces, que se transparente la información para que quienes están en el ojo de la tormenta deslinden responsabilidades en las irregularidades que, según las denuncias, se estarían cometiendo o se intentan cometer. La corrupción no puede ni debe seguir enquistada en las instituciones públicas. Atacares es obligación de todos, especialmente de quienes las dirigen.