¿Antes de invertir en el desarrollo petrolero de qué manera se solucionará a tiempo las distorsiones, ineficiencia y perjuicios que esa estructura causa a la economía del país, si hurtos o robos presuntivamente tienen cómplice en su interior?... ¿Será acaso remedio eficaz que Petroecuador sea entidad privada o exclusivamente ente público o asociado con empresas privadas para procurar capitales frescos y desarrollar nuevos campos petroleros y plantas de refinación?. Lo acertado y rentable sería el régimen de economía mixta con gobierno y administración de equilibrio. También la redefinición de los contratos de concesión y explotación en condiciones equitativas, en precios e impuestos que permitan seguridad y estabilidad para el inversionista y rendimientos adecuados para el Estado, con los naturales incentivos para reinversión en el mismo sector. ¿A dónde va y en qué proporción se reparte la renta petrolera, de la que deben beneficiarse en sensata proporción las provincias orientales donde está el recurso? Un trabajo del Banco Mundial referido al periodo 1995-2000 señala que el Gobierno Central percibe el 62,14%; las provincias el 1,42%; los municipios el 2,40%; fondos sociales, el 3,30% y “otros”, el 30,94%. Pocos conocen el reparto real que se afirma, y que según dice el estudio del Banco, no siendo transparente “genera una administración ineficiente de esas rentas del petróleo por repartos fuera de control presupuestario”. A lo dicho hay que agregar que el Ecuador importa combustible caro, pudiendo procesarlo en refinerías locales con inversión privada o de carácter mixto, para mejorar calidad, rebajar precios para el consumo nacional y evitar las redes del comercio importador en manos de la “Gran Familia” que es fuente de corrupción. Es decir, el Ecuador petrolero anula su condición por importar caro lo que localmente debe producir y comercializar a más bajos precios para beneficio del consumidor. En esta materia, como en la de energía eléctrica, también deficitaria por no construirse a tiempo centrales hidroeléctricas, el Estado debe emprender la solución urgente de estas necesidades nacionales, porque sin energía eléctrica y sin combustibles, no es posible el desarrollo económico que multiplique beneficios sociales para la población. En este esquema de emergencia y prioridades, Manabí no puede quedarse atrás ni bajar la guardia, declinar o renunciar al proyecto petroquímico Jaramijó, que por el mega puerto de Manta, y presiones geo – políticas de otros lares, parece diluirse y será llevado a otra provincia, donde ciertos capitanes mandan decisoriamente sobre marineros que por más que alcen las manos “jamás alcanzan luceros”. ¿Si o no Sr. Prefecto?