Con motivo de la Navidad y el fin de año, la demanda de víveres aumenta. Las fiestas de grupos o empresas, las cenas familiares, la entrega de canastas y el incremento del dinero circulante hacen que haya más ventas. La ocasión, por tanto, es aprovechada por los comerciantes y productores para entregar productos con nuevos precios. Puede decirse que los principios de la ley de la oferta y la demanda, que rige los mercados, permiten la variación de precios conforme un producto tenga mayor o menor consumo u oferta. Pero por sobre esta práctica, regida por la costumbre, están las normas establecidas por los gobiernos. El artículo 51 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor prohíbe, en lo absoluto, la especulación y “cualquier otra práctica desleal que tienda o sea causa del alza indiscriminada de bienes yo servicios”. Y, aunque en el artículo 53 indica que los intendentes, subintendentes de policía y comisarios nacionales, a petición de cualquier interesado o aun de oficio, “podrán realizar los controles necesario a fin de establecer la existencia de (…) procesos especulativos”, el reglamento de la ley señala que este tipo de medida se adoptará cuando haya una regulación especial de la Presidencia de la República. En este caso se puede aplicar la repetida frase “hecha la ley, hecha la trampa”. Si bien la ley otorga facultades, las quita cuando pone de por medio medidas especiales, para casos extremos de especulación. Mientras tanto, los consumidores tendrán que pagar más porque a los productores se les ocurre que con un nuevo año tiene que haber precios nuevos.